Un pacto por los valores y principios constitucionales en la enseñanza pública - El Sol Digital
Un pacto por los valores y principios constitucionales en la enseñanza pública

Un pacto por los valores y principios constitucionales en la enseñanza pública

Carlos Ramirez , Abogado

Según el informe ‘Datos y cifras del curso escolar 2013/14’ -últimos datos que se poseen-, las ayudas públicas para la adquisición de libros y material didáctico reflejaron una caída del 59,3 por ciento. El número de beneficiarios pasó de 975.330 personas en el curso 2011/2012 a 396.781 el curso 2013/2014. Casi dos tercios menos. La tasa de abandono escolar prematuro en España se sitúa, según datos extraidos de la Encuesta de Población Activa, en el 21 por ciento entre una de las más altas de Europa y muy lejos del 15 por ciento que marca Europa para 2020, así la tasa española casi duplica la europea, que es del 12 por ciento. Y seguimos siendo líderes en la UE en abandono escolar.

El nuevo ministro de Educación, ha defendido, hace días, la función social de la educación como garante de la igualdad de oportunidades y del bienestar social, y ha expresado su intención de incrementar el presupuesto de becas generales de 2016 y las ayudas al estudio el curso que viene, las ayudas para la adquisición de libros para los alumnos con menos recursos, reducir el abandono escolar para alcanzar el objetivo del 15 por ciento que marca la estrategia europea 2020, además que se cumpla la LOMCE, que está en vigor, pero al que la mayorías de las Comunidades autónomas se oponen a su aplicación. Además, ha abierto la puerta a la posibilidad de retocar las evaluaciones externas, estatales y estandarizadas, si bien el Ministerio es partidario de este tipo de pruebas y argumenta que se realizan en 24 países, a la suma de propósitos se suma la lucha contra los efectos devastadores del acoso escolar y el fomentar el reconocimiento público de los docentes y la elaboración de un libro blanco del Estatuto del Docente, con derechos y deberes. Pero, ¿qué hay de consensuar un pacto de Estado por una Educación basada en el respeto a los principios y derechos constitucionales? En cualquier otro país de la Unión europea resultaría normal, pero aquí, no, el modelo educativo y determinadas asignaturas troncales, son discutidas y discutibles por los distintos gobiernos autonómicos cada cuatro años. La situación de bloqueo, la pretensión de tumbar, si llega al poder, reformas sea educativa, laboral, fiscal, tienen un efecto perjudicial en un modelo de país que necesita una garantía de continuidad en temas básicos y esenciales para la estructura de una sociedad, y no vaivenes periódicos que recuerdan las políticas frentistas y excluyentes de la política de la segunda mitad del siglo XIX.

El hecho es que, en treinta años que existen las Comunidades autónomas, los distintos gobiernos nacionales han ido permitiendo dejar hacer a algunos gobiernos autonómicos en la aprobación de leyes educativas y culturales, que como Cataluña y País Vasco, han sobrepasado las líneas rojas de los limites constitucionales violentando el artículo 2 y 3, en ámbitos como la historia de España, y también la normalización lingüística, motivada en resaltar hechos diferenciales, por su carga ideológica, para subvencionar proyectos que orientan a la población, y en especial a la comunidad escolar a unas metas identitarias excluyentes y anticonstitucionales, pero amparados por instituciones creadas bajo el paraguas estatutario, es decir constitucional. A las citadas leyes, la pasividad y cierta inercia de gobiernos anteriores en no molestar las deslealtades institucionales, ha ido minando las bases de un modelo educativo estatal de nación, y así las bases de un modelo contrario a determinados principios constitucionales que unen a los estudiantes con su país. El desarrollo legislativo y reglamentario del apartado 17 del artículo 148 de la Constitución en algunas Comunidades autónomas ha descarrilado, y el poder central por diversos motivos, ha ejercido durante años cierta españofobia, a veces bastante activa, para no prevenir esos desmanes multiplicadores y acelerados en el tiempo, o intentar corregirlos acertadamente. La falta de una visión correcta del Estado por los llamados dos grandes partidos políticos, el temor a judicializarlo, la apatía de una sociedad que no exige unidad, una opinión pública y, comunidad política también, hipersensible ante protestas enérgicas de separatistas periféricos, la querencia de no querer enseñar pedagógicamente la Historia de España y los lazos constitucionales que nos unen, están llevando a parte de una población escolar al abismo identitario excluyente y a la mediocridad del conocimiento e intelectual. En estos temas hay poco espacio a la pequeña política o sectarismo ideológico.

La educación y la enseñanza pública es una materia que es competencia concurrente de la CCAAS con el Estado. En la educación, el Tribunal Constitucional establece que las leyes básicas deben cumplir el requisito del mínimo denominador para todos los ciudadanos, también en las Comunidades autónomas, con lengua autóctona, además del castellano. Procede, sin dilación, un Pacto de Estado, en contenidos mínimos de asignaturas troncales en las que haya un contenido básico o de mínimo de conocimiento de la Historia de España, su lengua y cultura, basado en el respeto a la Constitución, la prohibición de libros de textos de enseñanza escolar, preuniversitaria y universitaria que violenten tales principios, de forma que quienes deben garantizar la igualdad de conocimientos y de formación en la escuela pública y también en la privada en todo el territorio tengan las herramientas y obligación de hacerlo con el consenso de los gobiernos de la CCAAS, o sin él, y normativizarlo con el máximo rango normativo y de vinculación, así como de garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 3 de la Constitución Española. Además de garantizar, como algo necesario, la impartición de la lengua castellana, de forma que garantice su conocimiento suficiente en las Comunidades autónomas con lengua propia, y en las sentencias que se dicten en los tribunales de justicia solicitar la ejecución de la sentencia y no parar hasta que se cumplan, por estar en un Estado de Derecho. Así la sociedad en su conjunto ha de asumir como propio e inherente a su futuro y bienestar el cumplimiento de la legalidad, pues lo que no se sociabiliza y se asume como propio, no se valora, y es exigible como inherente a nuestros derechos fundamentales, que lo son.
La libertad de cátedra no puede suponer en ningún caso libertad para alentar, deslegitimar o violentar la norma básica que garantiza la convivencia en España. Se debe sancionar el abuso anticonstitucional de la enseñanza para minar al Estado de Derecho, el minimizar los valores constitucionales de convivencia, o el deber de conocer una lengua que nos une desde hace más de 500 años.

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