Viaje al centro de los ERE y algunas cuestiones éticas - El Sol Digital
Viaje al centro de los ERE y algunas cuestiones éticas

Viaje al centro de los ERE y algunas cuestiones éticas

Tras el paréntesis navideño, volvieron los ERE, el macrojuicio, el desfile televisivo, los reproches cruzados y el espectáculo mediático. La mera petición por el Partido Popular de una testifical, la de la presidenta de la Junta de Andalucía, al minuto era portada de diarios digitales y noticia de entrada del telediario autonómico. Que digo yo que, si así debe ser y asumirse, como espectáculo mediático inevitable, al menos que sea espectáculo de la dignidad y ejemplo del respeto al derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías.

Pero vayamos por orden. El juicio empezó en plazo, allá por mediados de diciembre, lo cual fue sinónimo de empezar bien, máxime cuando una semana antes, se especulaba con la posibilidad de retrasar la vista o interrumpir sus sesiones porque las comisiones de servicio de las magistradas que integran el tribunal seguían sin aprobarse y, por tanto, estaban a lo suyo, o sea, celebrando otros juicios ordinarios sin poder dedicarse “en profundidad y con exclusividad” a estudiar los ERE y su voluminoso sumario, compuesto por más de 216.000 folios. Todo ello aderezado con la debida polémica entre el Ministerio de Justicia, que culpaba a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del retraso en la tramitación de las comisiones de servicio, responsabilidad que, como podía ser esperable, ésta rechazaba aludiendo a una petición que databa de julio anterior.

Pero las magistradas aterrizaron (cuestión aparte es si se leyeron o no la causa, extremo que no pareció importar) y el juicio prometía la celebración de las cuestiones previas (fijadas para los días 13, 14 y 15 de diciembre) como anticipo de lo que estaba por venir a partir del 9 de enero, fecha prevista para la reanudación con la declaración de los primeros acusados, el plato fuerte del espectáculo mediático.

Pero nada más lejos de la realidad, dado que los tres primeros días se dedicaron a prolegómenos. El secretario del tribunal, a petición del Ministerio Fiscal, leyó durante varias horas el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

A continuación le tocó el turno a la acusación del Partido Popular, quien no perdió la ocasión de pedir que se leyese también el suyo –algo inaudito-, pese a que las defensas, por aquello de la salvaguarda de sus derechos fundamentales, manifestaron estar “sobradamente instruidas”, sin que fueran necesarias más horas de tediosas lecturas de textos por todos conocidos, habida cuenta que obraban en la causa. Pero el Partido Popular rechazó la súplica de los presentes y todos escuchamos la detenida lectura de los mismos durante varias horas más.

Como quiera que la lectura de los escritos de acusación abrió los informativos y sus más incisivos fragmentos se convirtieron en una suerte de “pena de telediario”, las defensas, en un muy comprensible desagravio compensatorio, también expusieron su deseo de que se leyesen sus escritos de defensa, convirtiéndose en un “alegato exculpatorio frente a la previa pena de telediario”, que también abrió informativos y convirtió las sesiones preliminares en algo parecido al toma y daca de los informes finales del juicio.

Y con estas amenas lecturas de unos y otros, bajo permanente foco mediático, se pasaron los tres primeros días de macrojuicio sin, en el fondo, haber entrado en esas cuestiones previas que se suponía iban a sustanciarse. La nota picante la pusieron tanto Canal Sur (acusado más de encubrir que de cubrir la noticia) y las coetáneas declaraciones de la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, quien dijo públicamente que le generaba “una incertidumbre fea” la sentencia que se pueda dictar, manifestaciones del todo imprudentes que provocaron una oleada de reproches.

Por fin llegó el 9 de enero y el juicio se reanudó, pero no con las cuestiones previas, sino con una suerte de “la cuestión previa de las cuestiones previas” y ahí salió a la palestra como aperitivo mediático el episodio de la extorsión de Manos Limpias, ya conocen ustedes la historia y no quiero cansarles con el sabroso alegato que una de las defensas dedicó a la maldad de los personajes que tras esa siniestra organización se esconden. El fin no era otro más que promover la expulsión de Manos Limpias como acusación popular antes de entrar en las cuestiones previas.

El letrado que escribe la presente, que defiende lo bueno de Manos Limpias -si es que algo bueno queda en el imaginario colectivo- recordó que el juicio de los ERE se inicia por las denuncias de este sindicato, lo que evidencia la importancia, no de Manos Limpias, sino de la acusación popular como institución y de que el pueblo pueda cuestionar a sus gobernantes y obligarles a rendir cuentas. ¿Qué quieren echar a Manos Limpias del proceso? Lo sospechoso sería que quisieran que se quedase –espeté-.

Además, estamos ante una cuestión añeja. En Palma de Mallorca, a propósito de las investigaciones seguidas por la Audiencia Nacional, se interesó por las defensas que el sindicato fuese apartado de la acusación a la Infanta. Con idénticos argumentos, en los ERE se alude al Caso Sevilla en paralelismo con el Caso Palma. Mutatis mutandi, visto que era una cuestión ya trillada, se recordó el pronunciamiento que el 21 de abril de 2016 emitió aquel tribunal de Palma, exigiendo su presidenta rigor a las defensas y recordándoles que no hay una sentencia firme contra nadie y la presunción de inocencia lo es para todos los ciudadanos.

Pero es que Manos Limpias como sindicato no ha sido investigado ni ha sido imputado. Como persona jurídica no ha sido llamado a ningún procedimiento. Y como consecuencia natural, sin haber sido llamado al procedimiento, tampoco se ha adoptado ningún tipo de medida cautelar contra él. Se podrá vilipendiar a Miguel Bernad, pero el sindicato, como tal, con sus nuevos cargos, con sus delegaciones sindicales en Salamanca y Mieres, está impoluto procesal y criminalmente hablando. Podrá gustar o no, pero es una realidad objetiva y contrastable.

La andanada, sin más detenimiento, acabó con el Ministerio Fiscal –asómbrense- apoyando a Manos Limpias y a su mantenimiento como acusación popular. Esto no lo habrán visto en los medios, pero así fue y así se lo cuento. Como no podía ser de otro modo. Júzguese a Miguel Bernad en otra arena.

Y tras este imprevisto comienzo (que, ciertamente, tenía más de previsto que de imprevisto) llegamos, por fin, a las cuestiones previas donde cada cual mantuvo el rol que había venido a desempeñar.

La Fiscalía, en esencia, pidió a la Sala que antes de comenzar a practicar las pruebas se realizase una “delimitación objetiva” del procedimiento que se está enjuiciando, puesto que inicialmente la Sección Séptima de la Audiencia “consagró” la división de las piezas separadas acordada en noviembre de 2015 por la juez María Núñez Bolaños, quien estableció una división inicial en seis bloques. O sea, la cuestión se resume en decidir sobre si en este juicio sólo se aborda el sistema por el que se concedían las ayudas o si también entran las 270 piezas separadas en las que se divide la macrocausa. Nada más y nada menos, esta es la disyuntiva que planteó la Fiscalía como cuestión previa a tenor del pronunciamiento de la Sección Séptima de la Audiencia, muy posterior a la instrucción realizada en la presente causa y que supuso un terremoto judicial. Visto lo visto, llega uno a preguntarse si la retrocesión de la causa, regresando a instrucción para que se dicte un nuevo auto de procedimiento abreviado que delimite un renovado marco de enjuiciamiento adaptado al criterio de la Sección Séptima, será el mal menor frente a lo que está por venir.

Las defensas apretaron los dientes, se revolvieron en sus asientos y acusaron a la Fiscalía de “cambiar las reglas” del juicio y de “inventar un nuevo derecho procesal”, merced a un “afán acusatorio desmedido”. El papel de ariete de las defensas quedó en manos del siempre magistral Moreno Catena, catedrático a la sazón de Derecho Procesal, quien apostilló que “el fiscal es el principal responsable o coadyuvante de la situación”, afirmando que “semejante disparate procesal no puede ser acogido por este tribunal” por cuanto conllevaría “un juicio oral abierto indefinidamente para ir incorporando hechos ajenos” en función de cuando fueran acabando las distintas piezas separadas en las que se investigan las 270 ayudas de los ERE bajo sospecha.

Respecto al papel del Partido Popular, dicen los medios locales que era evidente que un juicio en el que se juzga la denominada “pieza política” del juicio de los ERE acabara derivando en un combate político, sobre todo si acusa un partido político de signo contrario. Y, como dije al comienzo, el PP sorprendió pidiendo que Susana Díaz declarase como testigo en el juicio, alegando su “conocimiento” de los hechos, sumando entre los nuevos citados al vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, y a la senadora socialista Mar Moreno.

La petición no obtuvo respaldo, apelando las defensas a la despolitización de este juicio, y recordando que ellos podrían haber solicitado también que declarasen como testigos varios dirigentes del PP, como el ex ministro de Administraciones Públicas Javier Arenas (años 2002 y 2003, época en la que se concedieron las ayudas a la Faja Pirítica), como el ex ministro Eduardo Zaplana, como el ex delegado del Gobierno y actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido e, incluso, pudo llamarse al delegado del Gobierno Antonio Sanz, que ejerció la acción popular al inicio y hasta algún tiempo después de ser nombrado para este cargo. De otro lado, la Fiscalía se opuso a la declaración de Susana Díaz porque era consejera de la Presidencia en el año 2012 y la presente causa cronológicamente no abarca ese ejercicio.

El letrado que aquí escribe, sin entrar en batallas partidistas, dejó a criterio del tribunal la proposición de pruebas, pero le pidió que valorase el “grave daño” que puede acarrear para alguno de los nuevos testigos propuestos venir a este macrojuicio, ponderando la afectación a su vida personal y profesional el mero hecho de deponer, por lo que debía exigirse “un plus de cautela” con los testigos solicitados, dado que “su imagen pública puede verse deteriorada”.

Y el resto de las cuestiones previas esencialmente mutaron a cuestiones éticas, bajo la intervención de quien aquí les escribe y aun a riesgo de durar bien poco más en la macrocausa. Entiendan ustedes que yo necesito tenerme respeto y eso no se consigue callando cuando veo a otras personas sufriendo injustamente.

De esta forma, la primera cuestión que planteamos fue la sorpresiva imputación del delito de asociación ilícita a los acusados, que se encontraron con ella sobrevenidamente a través de la acusación del Partido Popular, debidamente rentabilizada con numerosos titulares. A mayor abundamiento, esa acusación tampoco especificaba la intervención de cada acusado y, sin sustento procesal ni penal, parecía no perseguir mayor destino que la de un daño político gratuito.

Pero, en puridad, para producir un daño político gratuito, se estaba obviando el grave perjuicio personal a los acusados y a sus familias. Hay siete (de veintidós) acusados a los que exclusivamente se les solicitaba pena de inhabilitación (entre ellos Chaves, Zarrías o Álvarez) y a los cuales se les añadió por sorpresa esta petición de dos años de prisión por el delito de asociación ilícita, provocando en ellos, en tanto acusación espontánea, un daño suplementario, una pena de banquillo adicional, un desgaste político, un sufrimiento y una angustia innecesaria de las que esta acusación popular no podía ser cómplice y que tuvo que denunciar en el primer momento propicio en que tuvo la palabra.

Tengan en cuenta los lectores que, en justicia, una acusación popular debe luchar, no solo por la recuperación de los casi mil millones de euros desaparecidos, sino para que a los acusados se les siente en el banquillo en condiciones dignas, sin motivaciones partidistas y respetando sus derechos fundamentales. Y es que el respeto que como sociedad les reclamamos a través de un proceso penal empieza de manera innegociable por el respeto hacia ellos. Mal haríamos como sociedad si para defender el cumplimiento de la Ley tolerásemos los abusos hacia quienes sentamos en el banquillo.

Y esto prosiguió, –asómbrense de nuevo- con la adhesión del Ministerio Fiscal, considerando asimismo que la acusación por el delito de asociación ilícita era espuria. Entiéndanme, no lo dijo con esta palabra fea pero ese fue el fondo.

Claro que ello provocó la furia desatada del Partido Popular frente a quien la presente suscribe, sembrando dudas malsanas y trayendo a colación una cuestión ética que me servirá para principiar la despedida.

Al margen de calificar a Manos Limpias como sindicato satánico –o algo parecido, perdonen que no le prestase mayor atención-, apelaba a que los abogados defienden a sus clientes, con independencia de la opinión y criterio personales que puedan tener y que han de reservarse. El argumento es bueno y yo soy (incluso antes que el Partido Popular) adalid de que el derecho de defensa esté muy por encima de la opinión personal del letrado. Si defiendo a un presunto delincuente, solo exteriorizaré su inocencia y su derecho a la presunción, porque merece la mejor defensa y con independencia de lo que opine de él en mi fuero interno.

Pero esa no es la cuestión. Estamos ante otra dicotomía bien diferente: la de si cuando un cliente nos pide hacer daño gratuito al prójimo, los abogados debemos ser ciegos, sordos y mudos ante nuestra conciencia y venderla por una minuta.

La respuesta es claramente no. Porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Porque la ley se hizo para salvaguardar la dignidad del hombre, y no el hombre para sufrir las leyes injustas. Y porque el abogado, sobre todo si es cristiano, está para defender esto y no para callarse.

Con ello acabo y no les canso más, sobre todo porque no tengo las soluciones, que llegarán con la reanudación del juicio el próximo día 12 de febrero. Y espero seguir sirviendo a la sociedad, si antes no me echan y las fuerzas no me fallan.

Rafael Prieto. Abogado

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