Nadie sabe lo que va a pasar el 1 de octubre, y eso es muy grave. La traca vino, también, en la primera sesión plenaria del Parlament de septiembre, el día 6, y luego tendrá lugar en la celebración de la Diada el día 11.

A través de centenares de organizaciones culturales y sociales, en la práctica organizaciones dedicadas a romper el marco de convivencia y de legalidad que vincula a todos los españoles, conseguirán, sumada la inercia pasiva de la Administración estatal, una movilización callejera muy relevante. Los mismos que gritan y no admiten otro pensamiento que el suyo, los mismos que claman por la democracia y la convivencia del pueblo, según el qué y para qué, son los que solo se reconocen ellos mismos como demócratas.

Con el reglamento del Parlament no dudarán en retorcer la interpretación de sus artículos y pueden jugar a que, aunque la presidenta convoque la Mesa, la presidenta no incluya nada relativo a esto y que lo pidan los propios grupos mayoritarios y lo voten.  La legalidad es dudosa, pero les da igual, porque partimos de la base de que a ellos les es indiferente que sea legal lo que hagan. En cualquier caso, para votar la ley del referéndum ésta tendrá que estar publicada en el Boletín Oficial de la Generalitat, no pueden tenerla en secreto. Todo este lío, consentido desde hace tiempo, parece avocado solo al ámbito penal, si hay un procedimiento exprés, con los apercibimientos que se han hecho a la presidenta y a los miembros de la Mesa. Y en el supuesto que lo hicieran 70 diputados, ¿se emprendería una acción legal contra todos ellos? ¿Pueden hacer una votación secreta para que no se sepa quiénes son? Pueden hacerlo. Hay que pensar qué pasaría si dos o tres grupos parlamentarios pidieran incluirlo en el orden del día y la presidenta aceptase. Ese sí es otro desafío.

Está claro que los independentistas intentan adelantarse lo máximo posible antes de que el Tribunal Constitucional pudiera tener un pronunciamiento, y juegan con dos semanas de margen, desde que comience la campaña -el 15 de septiembre- hasta el 1 de octubre, para aprobar la ley del referéndum, vulnerando la Constitución y desobedeciendo una decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tendría varias opciones, una es plantearlo como un incidente de ejecución, pero pensándolo desde el punto de vista del Gobierno quizás prefieran una impugnación directa del Tribunal y que haya una segunda sentencia.

En todo este maremágnum de errores y malas intenciones, ¿es posible que exista un fondo subterráneo de conversaciones donde haya algún tipo de conexión en virtud del cual se esté buscando una solución razonable que no deje a nadie en una situación incómoda? Con los responsables que tenemos actualmente, claramente no. Nadie parece querer buscar una salida política, sino que parecen esperar a ver por dónde vienen los golpes. No hay interlocutores pues el tema no atrae a las dos partes.  La tensión no dejara de crecer en sedes institucionales y en la calle en los próximos meses, para eso la CUP tiene ganas y quien les defienda. ¿Hasta qué grado será tolerable? ¿Una kale borroka [1] en Barcelona? Es la CUP, los socios del PDeCat y de ERC los que tienen la sartén por el mango, pues sin sus votos no hay proceso, ni referéndum. Además, se organizan en boicot contra el turismo, los toros… lo que sea imitando a Herri Batasuna y Jarrai, ¿se acuerdan?

Con los atentados en Barcelona de hace varios días ha saltado la alarma en parte de la sociedad, pues siendo competencia de Policía Nacional y Guardia Civil los temas de terrorismo, sin embargo, desde el minuto primero los Mossos de Esquadra llevaron todas las investigaciones. La decisión del Parlament de dejar fuera de su condecoración a la Policía Nacional y a la Guardia Civil es un síntoma claro de que nada va bien. Las declaraciones del ministro del Interior y del portavoz del gobierno de que todo ha estado muy bien coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad estatal y autonómica, chirrían aún más a lo inverosímil.  Por otra parte, el gobierno catalán reclama que su policía esté o tenga acceso en la Interpol al igual que la Ertzaina en 2018, argumentando que la seguridad no admite divergencias políticas, y todo esto en un proceso orientado a un posible “golpe de Estado”.

Las soluciones a que se pretende dar un golpe de Estado en Cataluña desde sus instituciones, y actos de sedición, no unen a los partidos de ámbito estatal, sino que los dividen. El otorgar más autonomía competencial a quien manifiesta querer romper el marco constitucional desde las instituciones resulta imprudente y peligroso, máxime cuando desde hace años apuestan a una sola carta, la secesión.

Debe ser la sociedad catalana y los agentes sociales y económicos de ámbito estatal y autonómico los que se vayan movilizando por crear unas bases sólidas de unidad en la diversidad, de convivencia cívica y respeto a la legalidad, en la que se asuma que la secesión no es ni deseable ni viable y que la solución a los problemas en Cataluña de ámbito social y económico se solucionan desde Madrid y Barcelona. Para eso hay que ir olvidándose algo de las siglas y reforzar valores de convivencia constitucionales, eliminando las vías de oxígeno al adoctrinamiento excluyente y a una educación basadas en la tergiversación histórica y la ruptura convivencial. Para esto hace falta motivación, voluntad, constancia y no tener prisas en sus cumplimientos. En un ambiente de radicalización y su banalización a niveles institucionales consentida los problemas no se resolverán nunca solos con el TC, ni con la Fiscalía, ni con la Guardia Civil.

[1] https://blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2017-08-01/la-cup-la_1423562/