La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) acaba de dirigir un escrito tanto al consejero, Javier Imbroda, como al nuevo titular de la Inspección General de Educación, instándoles a actuar con la diligencia debida para acabar con la práctica impuesta por la anterior administración de conceder en el mes de junio el título de Graduado en ESO a los alumnos de cuarto curso que tengan algunas materias suspensas. Esta práctica se empezó a hacer de forma tímida, al menos, desde 2009, y, de una manera más generalizada, desde el curso 2016/2017, y todo ello a pesar de que la finalización del curso para dichos alumnos (momento en el que legalmente ha de adoptarse dicho acuerdo de titulación por parte del equipo docente) tiene lugar en septiembre, una vez se haya agotado la convocatoria “extraordinaria” fijada en la Ley Orgánica de Educación, y no en el mes de junio.
Como se ha denunciado reiteradamente, la anterior Consejería de Educación, acuciada por los malos resultados del sistema educativo andaluz se propuso alterar las estadísticas, impulsando, primero de modo subrepticio (a través de los Servicios de Inspección y de directores de instituto), para pasar a hacerlo de manera más abierta y generalizada en junio de 2017, el aumento artificial de titulaciones en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, aunque para ello tuviera que violentar la legalidad acabando de facto con la prueba extraordinaria de septiembre, al forzar la adopción de acuerdos de titulación, en junio, de alumnos con materias suspensas, pasando por alto la obligación legal que pesaba sobre ellos de agotar la convocatoria extraordinaria de septiembre. Cabe recordar que la educación andaluza tiene el dudoso honor de ocupar los últimos puestos en todos los rankings existentes, tanto a nivel del Estado español, como de la UE o en el ámbito propio de la OCDE (baste recordar que en las pruebas PISA, Andalucía ocupa, junto con Canarias y Extremadura, los últimos o penúltimos lugares). Estas actuaciones, que nunca se han visto respaldadas por resolución o instrucción publicada alguna, provenientes de los servicios centrales de la Consejería de Educación (seguramente para eludir en la medida de lo posible cualquier responsabilidad), han tenido como ejecutor principal, a los servicios de Inspección de las distintas delegaciones territoriales, contando con la inestimable colaboración, en muchos casos, de directores de los institutos de Secundaria de la comunidad autónoma, que erigiéndose en una especie de poder paralelo, y al margen de todo fundamento legal, han conseguido generalizar dichas prácticas, contribuyendo a degradar aún más, si cabe, el estado lamentable que viene mostrando el sistema público educativo en Andalucía desde hace ya varias décadas.
Por lo anterior, APIA ha solicitado tanto al consejero como al inspector general, el cese inmediato de las actuaciones descritas para que no vuelvan a reproducirse el próximo junio, así como la apertura de la pertinente información reservada, al objeto de poder delimitar su concreto origen y depurar, en su caso, las responsabilidades en que pudieran haber incurrido sus directos protagonistas.