En España, basta con ganar 65.000 euros brutos para ser considerado renta alta, mientras que en Portugal con varios gobiernos socialistas hay que ingresar 280.000 euros.

Las rentas altas españolas pagan a Hacienda el 54% de su renta bruta para cumplir con los compromisos fijados en materia de IRPF e IVA. Así se desprende del nuevo informe elaborado por diversos centros de análisis europeos entre los que figuran la red Epicenter, el think tank sueco Timbro o el prestigioso Institute of Economic Affairs de Reino Unido.

La situación de nuestro país arroja un escenario medio en comparación con los 41 miembros de la UE-28 y/o la OCDE. En Países Bajos, Grecia o Noruega, la retención conjunta asociada a impuestos directos e indirectos ronda el 60%, mientras que en Francia, Dinamarca o Austria se acerca al 70%. Suecia, Eslovenia, Bélgica, Portugal y Finlandia, los tributos en vigor reducen entre el 71% y el 76% de la renta de quienes más ganan.

El informe no suma las cotizaciones sociales al caso español, puesto que están desligadas del sistema tributario al uso y figuran como una aportación paralela al sistema de Seguridad Social.

En España, cada subida salarial de 100 euros a las rentas altas acarrea un coste fiscal marginal de 47 euros en concepto de IRPF. A esto hay que sumarle la retención por IVA, que ronda el 13% cuando se consideran los tres distintos tipos vigentes (21%, 10% y 4%).

Por lo tanto, de esos 53 euros que le quedan al contribuyente tras pagar el Impuesto sobre la Renta, habrá otros 7 euros que se irán con el IVA vinculado a sus decisiones de consumo. Hay que tener en cuenta, además, que el coste laboral de dicha renta alta lleva aparejada una serie de cotizaciones: 6,35% a cuenta del trabajador y 29,9% a cargo de la empresa, lo que añade un coste paralelo al pago necesario para mantener en nómina a un trabajador de renta alta.

En consecuencia, para que un asalariado de rentas altas obtenga 46 euros, es preciso pagar 47 euros de IRPF, 7 de IVA y 36 de cotizaciones. Esto se traduce en un 66,2% de retención marginal efectiva para quienes más ganan.

Muchos países de la UE-28 y/o la OCDE han eliminado dos tributos clave para este segmento de ingresos que sí están vigentes en España: el Impuesto sobre Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Por otro lado, España está entre los países europeos que más impuestos cobran a las rentas del capital.

La comparativa también es muy llamativa con otras economías de nuestro entorno: 170.000 euros en Reino Unido, 83.000 euros en Italia, 230.000 euros en Grecia, 265.000 euros en Alemania, 560.000 euros en Francia.

España se sitúa en la banda alta de los socios de la UE-28 que más impuestos aplican a las rentas del capital.

El país que más ingresos obtiene por esta vía es Luxemburgo, que percibe el 31,7% de su recaudación fiscal de los impuestos sobre el ahorro. Los datos son similares en Reino Unido y Malta, que derivan de estos tributos el 29,8% y el 28,6% de sus ingresos tributarios. Algo más bajo es el porcentaje de Chipre y Bélgica (25%), Italia (24,1%) o Irlanda (24%).

En Francia, el 23,9% de los ingresos fiscales se deriva de los distintos impuestos aplicados a las rentas del capital. En España, los impuestos al ahorro suponen el 23,7% de la recaudación fiscal. La media comunitaria está en el 21,9%, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea.

Los niveles registrados en España se sitúan claramente por encima de los que se dan en otras demarcaciones. Así, nuestro 23,7% supera holgadamente el 21% de Portugal, el 19,3% de Países Bajos, el 18,7% de Dinamarca, el 17,3% de Finlandia, el 17,2% de Alemania, el 17,1% de Austria o el 14,2% de Suecia. Las cotas más bajas se dan en Estonia, donde los impuestos sobre las rentas del capital solo suponen el 7,2% de lo recaudado.

Si se miden los ingresos totales obtenidos por esta vía en vez del peso de los impuestos al ahorro sobre el total de la recaudación, encontramos que España obtiene por esta vía unas rentas equivalentes al 8% del PIB.

Por encima de nuestro país aparecen Bélgica (11,3%), Francia (11,1%), Reino Unido (10,2%), Italia (10,2%), Dinamarca (8,6%) o Grecia (8,4%). Sin embargo, se registran cotas inferiores en Finlandia (7,5%), Países Bajos (7,5%), Portugal (7,2%), Austria (7,2%), Alemania (6,7%) o Irlanda (5,5%).

La tasa media del impuesto al consumo en España es del 13 por ciento, por lo que aproximadamente 7 euros de este consumo será impuestos. Por lo tanto, los impuestos totales son de 54 euros, y la tasa impositiva es del 54 por ciento.

El tipo impositivo regional (24,61 por ciento) es un promedio simple de los tipos impositivos en las 17 Comunidades Autónomas.

Los empleados aportan el 4,7 por ciento de los ingresos brutos a una pensión de vejez/enfermedad y discapacidad, 1,55 por ciento para el seguro de desempleo, y 0,1 por ciento a un esquema de formación profesional. Los empleadores contribuyen con el 23,6 por ciento de los ingresos brutos a la pensión de vejez/enfermedad y discapacidad,  con el 5,5 por ciento para lesiones en el lugar de trabajo y seguro de desempleo, 0,2 por ciento a un fondo de salarios, y 0,6 por ciento a la formación profesional

En Portugal, el impuesto sobre la nómina de una subida de 100 euros es de 24 euros. El empleado paga 11 euros en cotizaciones a la Seguridad Social. Estos pueden ser deducidos y llevar los ingresos imponibles a 89 euros.

La tasa más alta del impuesto sobre la renta es del 53 por ciento, por lo que el pasivo del impuesto sobre la renta es de 47 euros. El empleado tiene ahora 42 euros para gastar. La tasa media del impuesto sobre el consumo en Portugal es del 16%, por lo que aproximadamente 7 euros de esto serán impuestos al consumo. Los impuestos totales son por lo tanto, 89 euros, que es el 72 por ciento del coste para el empleador, 124 euros. Por lo tanto, el tipo impositivo marginal más efectivo es del 72 por ciento.

Además del impuesto sobre la renta de las personas físicas de primer nivel del 48 por ciento, un 5 por ciento solidario se paga con ingresos superiores a 80.000 euros.

Los empleados pagan el 11 por ciento y los empleadores el 23,75 por ciento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas contribuciones cubren la familia, la pensión, y prestaciones por desempleo.

Las contribuciones al plan de pensiones varían en función de los ingresos individuales en relación con el valor de la NIC. Al margen la pensión se acumula en el 2% de la media salario de por vida por cada año de contribuciones, hasta 40 años (OCDE, 2017c). Así pues, el importe de las prestaciones públicas de pensión disponibles no tiene un techo.

En una subida de 100 euros, el empleado paga 47 euros en el impuesto sobre la renta. El empleado ahora tiene 53 euros para gastar. La tasa media del impuesto al consumo en Italia es del 13 por ciento, por lo tanto, los impuestos totales son de 54 euros, y la tasa impositiva es del 54 por ciento.

El sistema fiscal español no es capaz de recaudar más dinero cuando se producen subidas de impuestos. La economía sumergida y el enorme impacto sobre la actividad productiva de un aumento de la presión fiscal explican esta distorsión. Además, el índice de presión fiscal tampoco tiene en cuenta el esfuerzo que requiere la generación de PIB, puesto que una misma presión fiscal puede exigir sacrificios fiscales muy distintos, puesto que presión fiscal y esfuerzo fiscal son conceptos diferentes.

Por ejemplo, la carga fiscal por todos los conceptos de los trabajadores solteros de más bajos salarios supone en España solo un 3,5% menos que la media europea, cuando nuestro PIB per cápita es un 9% inferior en poder adquisitivo. Esa misma carga en Irlanda, para el mismo trabajador, supone un 37% menos que la media europea mientras que su renta per cápita es un 91% mayor. Además, Irlanda cuenta con un 4,8% de su población activa desempleada en febrero pasado, y España tenía un 13,6% de paro.

En el informe La insoportable levedad del índice de presión fiscal, publicado por Funcas, en relación al Índice de Esfuerzo Fiscal para las veinte principales economías de la OCDE se concluye que España ocupa el cuarto país de la tabla en el Índice de Frank o el quinto escalón del ranking en el Índice de Bird. Aunque somos el décimo quinto país en presión fiscal, figuramos entre las cinco economías desarrolladas con mayor esfuerzo fiscal.

Un análisis riguroso de los sistemas fiscales requiere de la aplicación de técnicas estadísticas, econométricas y de modelización matemática mucho más elaboradas que el simple cociente de macromagnitudes, como son la recaudación y el PIB.