Los intentos de controlar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que tan importantes servicios presta a la sociedad española, como los deseos de colocar fiscales afines  en Anticorrupción, preocupan en la judicatura, la fiscalía, medios de comunicación y amplios sectores ciudadanos que advierten estas maniobras que se acrecientan en las últimas semanas tras la dimisión del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, y veladas críticas  a la UCO.

Lejos de acentuar los mecanismos de prevención y persecución de políticos y cargos públicos corruptos, se trata ahora de dificultar el conocimiento de presentes o futuros escándalos. Un camino equivocado que no conduce a nada bueno. Sigue sin emprenderse una política gubernamental de radical lucha contra la corrupción