Con la resolución del Ministerio de Hacienda, la Consellería de Economía catalana quedará vacía de contenido y de paso se paralizará la actividad de todas aquellas cuyo gasto no sea estrictamente social, tal y como ha reconocido el propio Oriol Junqueras; la congelación de pagos afectará a Treball, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Coneixement, Agricultura y Presidencia, entre otras.

De momento, Montoro es el que tiene las de ganar. Mientras el Tribunal Supremo se pronuncia sobre las cautelares, la orden ministerial entra en vigor de igual manera. Por tanto, los hombres de negro de Cristóbal Montoro toman el control de las finanzas de la Generalitat y desenchufan al resto de cargos políticos de sus funcionarios. También es muy probable que aunque las cautelares se fallen antes, la decisión resulte contraria a los intereses de los independentistas, según apuntan fuentes jurídicas.

La medida de intervención financiera de la Generalitat carece de precedentes en la historia de la España democrática y los argumentos del  recurso al Supremo se centrarán en desmontar la justificación en que se apoya la orden ministerial. En primer lugar, la  carta para dejar de cumplir el control semanal de Hacienda no supone un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Financiera, así la Generalitat, además, alegará que no se ha producido nada que apunte a un peligro para el pago de la deuda del FLA, tal y como insinúa la orden ministerial, en la que se hace prevalecer el papel del Reino de España como principal acreedor de la Generalitat, con más de 54.000 millones de euros cuando finalice este año. Es posible, quizás, que el empleo de la Ley de Estabilidad no esté prevista en el espíritu de dicha norma y que un escenario probable es que la Generalitat pierda las medidas cautelares pero gane el fondo del asunto, que se fallaría dentro de dos años.  Para ese plazo Junqueras y el resto del Gobierno catalán ya estarían inhabilitados por las querellas de la Fiscalía.