A finales de 2016, según datos de Eurostat, el 28 por ciento de la población española estaría en riesgo de pobreza y exclusión social. La UE considera que una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social cuando incurre en uno de estos tres supuestos: los ingresos no alcanzan el umbral de pobreza -el 60 por ciento de la mediana de la renta nacional después de pagar impuestos-; sufre “privación material severa” -cuando no puede pagar el alquiler, la hipoteca o las facturas, la calefacción, imprevistos, carne o pescado, no tiene coche, lavadora, teléfono o no puede irse de vacaciones ni una semana al año-; o cuando vive en un hogar con muy baja intensidad laboral -en el que los menores de 18 años no estudiantes hayan trabajado menos del 20 por ciento de lo que podrían en el último año-.

El umbral de pobreza se puede medir de varias formas: una, si el gobierno garantiza un cierto ingreso mínimo para todos los individuos empleados o desempleados entonces se presume que ése es el umbral de pobreza; dos, una línea de ingreso relativa a una fracción de un ingreso típico. Esta medida excluye de los cálculos a los individuos más ricos. Por ejemplo, la OCDE y la Unión Europea usan el 60 por ciento de la mediana nacional de los ingresos por unidad de consumo. El Banco Mundial, por su parte, usa la medida de ingreso de 2 dólares estadounidenses al día como umbral de pobreza.

Como se aprecia, el concepto es muy variable según quién lo analice y discutible porque no parece que no poder pagar imprevistos conlleve necesariamente el estigma del riesgo de pobreza y exclusión social, expresiones  también cargadas de connotaciones ideológicas.