Medio centenar de presos de ETA han sido acercados a prisiones próximas a las provincias vascas e, incluso, a la misma Comunidad y a Navarra en los dos años de gobiernos de Pedro Sánchez. El Gobierno cumple así su compromiso de modificar la política penitenciaria que también mantuvo Mariano Rajoy. Las asociaciones de víctimas consideran que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado tanto un salto cualitativo como cuantitativo al incluir a reos con delitos de sangre y haber trasladado a presos de segundo grado a las cárceles de Pamplona y Martutene, incumpliendo sus compromisos con las víctimas.