En ambientes empresariales y del PP se comenta que la normativa de inundabilidad de la Junta de Andalucía parece redactada para los municipios del PP, como sucedería en el caso de Alhaurín de la Torre y el proyecto de su alcalde sobre la ciudad aeroportuaria. Las exigencias que se plantean podrían dar al traste con cualquier proyecto que no gustara a la Administración autonómica y el cuerpo legal ofrecería una cobertura perfecta. No se trata de una conspiración, sino de controlar el desarrollo económico desde el poder político y en beneficio de unas zonas en detrimento de otras. Pero la Junta de Andalucía no estaría sola en esta supuesta arbitrariedad, algunos intereses económicos privados radicados en la capital hispalense también se verían agraciados por las actuaciones administrativas.