No ha extrañado el conocimiento de una red de espionaje cubano en España a raíz de un informe del CNI fechado el 3 de marzo de 2015 en relación a una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mes de abril con ocasión del informe desfavorable del servicio de Inteligencia español a que se concediera la nacionalidad a un empresario cubano afincado en Valencia y relacionado con agencias de viajes y servicios jurídicos y trámites documentales. Este cubano era residente en España desde 2000 y desde cinco años después de forma legal. Se trata de un estrecho colaborador del espionaje castrista que recaba de un periodista español, bajo pago de sus servicios, información sobre políticos en instituciones, en especial del gobierno de Francisco Camps y que fueron objeto de seguimientos. Esos informes se pasaban a oficiales de inteligencia cubanos radicados en el consulado de Barcelona y tenían como finalidad facilitar la realización de proyectos cubanos que desarrollarían acciones de influencia en nuestro país. El deshielo de las relaciones norteamericano-cubanas y las expectativas de negocio de empresas españolas en la isla caribeña, además de la tradicional política tibia de Madrid con La Habana, han evitado expulsiones y otras represalias por estos hechos. También se han conocido recientemente acciones de la Inteligencia venezolana en Madrid acerca de la disidencia del país latinoamericano en España.