Varios juzgados penales y mercantiles de Madrid investigan el fondo de inversión Portobello, a raíz de una serie de demandas presentadas por socios minoritarios de la cadena de clínicas dentales y estéticas Vivanta, que es una de sus empresas, por las presuntas irregularidades en la misma, según información de Europa Press del 12 de enero pasado.

Los socios minoritarios de Vivanta, que poseen el 12% de la empresa, empezaron a acudir a los juzgados en 2019. Dos años antes, se había creado Vivanta, después de que Portobello comprara varias empresas del sector, entre ellas Unidental. El juzgado de instrucción número 49, siempre según Europa Press, tramita una querella por estafa, falsedad y administración desleal presentada por el antiguo propietario de Unidental como víctima de una supuesta trama para comprarle su negocio a bajo precio y mediante engaño. También en el ámbito penal, en el juzgado de instrucción número 14, se ha investigado la querella por revelación y descubrimiento de secretos interpuesta contra Portobello por el presunto espionaje al presidente de Vivanta. En el pasado octubre, el juez dictó un auto de transformación en procedimiento abreviado para que se juzgue el caso.

En cuanto a las causas mercantiles, en el Juzgado de lo Mercantil número 2 se ha admitido a trámite la acción por responsabilidad social impulsada por un socio minoritario de Vivanta contra Portobello por el presunto perjuicio económico provocado al comprar el grupo Vera Dental por un supuesto sobreprecio de 6,2 millones de euros. Por su parte el Juzgado de lo Mercantil número 13, ha admitido a trámite una demanda en la que se pide la nulidad de los contratos de préstamos suscritos por Vivanta con BNP Paribas y Ares en 2017, y ampliados en 2019 y 2020. La demanda alega que Portobello lo firmó a espalda de los socios minoritarios, que debían haber dado su visto bueno y que se enteraron de que estos contratos existían por otro procedimiento judicial. Una de las cláusulas contempla la venta de Vivanta en caso de impago.

Según fuentes jurídicas consultados por Europa Press, hay más de una decena de causas pendientes de ser admitidas o rechazadas; por ejemplo, un socio minoritario ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 12 medidas cautelares, asociadas a otra demanda por la decisión de Portobello de modificar el órgano de administración de las 22 filiales de Vivanta para que pasaran a estar gobernadas por un administrador único, por lo que supuestamente se habrían vulnerado los estatutos sociales.