Cooperativa agrícola absuelta. Justo Rodríguez Sánchez. Abogado - El Sol Digital
Cooperativa agrícola absuelta. Justo Rodríguez Sánchez. Abogado

Cooperativa agrícola absuelta. Justo Rodríguez Sánchez. Abogado

Estos días tendrá lugar la divulgación de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 21-4-2021, de vital importancia para el mundo empresarial, toda vez que nos encontrarnos  ante una resolución de la Sala de lo Contencioso- Administrativo en la que se interpreta cuál sea el alcance jurídico ante un  encuadramiento indebido de una cooperativa agrícola en la Seguridad Social con sus trabajadores.

En el caso en cuestión, tras una inspección de trabajo,  se puso de manifiesto que los trabajadores de una cooperativa agrícola,  habían estado dados de alta en la Seguridad Social en un régimen distinto del que legalmente les correspondía, ya que la cooperativa les había dado de alta en el régimen especial agrario,  cuando por la actividad desarrollada, debían estar encuadrados en el régimen general. Por este motivo, la Tesorería General de la Seguridad Social, giró una liquidación por las cuotas del régimen general que la cooperativa habría debido abonar durante el tiempo en que sus trabajadores no estuvieron encuadrados correctamente. A tal liquidación de cuotas, que sumaba más de 1.000.000 de euros,  se levantó  también la correspondiente sanción por considerarse que se había cometido una infracción,  suponiendo todo ello una cantidad astronómica a pagar por la cooperativa.

Hay que tener presente que el alta indebida en un régimen del Sistema de la Seguridad Social de personas incluidas en el campo de aplicación de otro régimen distinto, es válida hasta la fecha que se fije en la resolución administrativa que declare indebida el alta anterior y, en su defecto, hasta el último día del mes de su notificación. Por otro lado, las cotizaciones efectuadas conforme a las normas del régimen en el que el alta se declare indebida serán computadas recíprocamente, a efectos de la protección que corresponda, con las del régimen de inclusión procedente.

Así las cosas, los efectos del alta indebida que contempla el artículo 60 del Reglamento General de Inscripción de Empresas y Afiliación en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, permite a la Administración girar liquidación por las cuotas que habrían debido abonarse en el régimen procedente,  ahora bien, se reconoce implícitamente que ese mismo precepto reglamentario, no obliga a la Administración a girar tal liquidación, por lo que  la interpretación llevada a cabo por el Tribunal Supremo,  ha sido que no puede aceptarse, que el mero dato de que la actividad inspectora culmine en un acta de liquidación, pueda justificar la reclamación retroactiva de las cuotas, ya que ello dejaría al mero arbitrio de la Inspección de Trabajo, que la modificación del encuadramiento de los trabajadores tenga o no tenga efectos retroactivos. De aquí que, sólo el criterio de que la actividad inspectora termine en la iniciación de un procedimiento sancionador, resulte suficientemente objetivo y, en consecuencia, puede ser aceptado por el Alto Tribunal como medio de restringir y encauzar la discrecionalidad otorgada a la Administración por el apartado segundo del art. 60 de citado Reglamento,  por lo que  el fondo de la presente casuística  es dilucidar si procede o no  que la Tesorería General de la Seguridad Social, reclame al empresario las cuotas que habría debido abonar en el régimen legalmente procedente.

Por lo expuesto, para el Tribunal Supremo,  sólo cuando la Inspección concluya con la apertura de un procedimiento sancionador, ante una previa actitud omisiva de la cooperativa sobre  su correcto encuadramiento, sí que sería posible la liquidación retroactiva de las cuotas que debieron ingresarse en el régimen correcto, toda vez que,  es en  este supuesto, cuando el encuadramiento, se debería  a una conducta del empresario jurídicamente reprochable. Pese a ello,  la postura interpretativa del Tribunal Supremo ha sido que,   incluso en este caso,  puede surgir una dificultad si el procedimiento sancionador por el encuadramiento incorrecto no concluye con la imposición de una sanción, o si ésta es luego anulada en vía judicial, por lo que  cuando esto ocurre,  la conducta del empresario no puede calificarse de jurídicamente reprochable y, por tanto, no se da la razón que pueda justificar la mencionada liquidación retroactiva.

No obstante ello, no hay que olvidar que, en última instancia, la cooperativa,  una vez  confirmada la liquidación retroactiva,  tendría la posibilidad de solicitar la devolución de las cuotas efectivamente abonadas por el encuadramiento incorrecto que, de algún modo,  ayudaría a compensar algo la sustanciosa diferencia existente entre ambos regímenes.

En resumen, procederá tal liquidación de cuotas con efectos retroactivos,  si la Inspección de Trabajo que informó sobre la irregularidad de encuadramiento y su cambio de un régimen a otro,  da pie a un procedimiento sancionador, y en todo caso,  el reconocimiento  implícito llevado  a cabo por citado  art. 60, por el que no se obliga  a la Administración a tener que  girar esa  liquidación,  ha llevado consigo que,  ante la  discrecionalidad  administrativa de citado precepto,  el Alto Tribunal  haya anulado la liquidación retroactiva que nos ocupa, quedando absuelta la cooperativa agrícola al  pago millonario que pretendía la Administración.

 

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