La “lucha contra el cambio climático” se ha convertido en una de las grandes prioridades a nivel mundial en la última década de este siglo.

Desde el Protocolo de Kyoto de 1997 al Acuerdo de París de 2015, la mayoría de los países se han comprometido en un ambicioso objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de evitar un aumento de más de 2ºC en la temperatura global del planeta para el año 2050.

La crisis económica global ha conducido en varios países a lo que se conoce como pobreza energética, debido a la insuficiencia de renta de los consumidores para asumir el incremento de precios derivados de la lucha contra el cambio climático.

Las más graves consecuencias son las transformaciones negativas en cambios sociales a las poblaciones vulnerables. El reciente trabajo de los tres científicos galardonados en la decimotercera edición de los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, es interesante para determinar “como las condiciones sociales y culturales determinan nuestra vulnerabilidad al cambio climático y nuestra capacidad de adaptación”.

Las personas que viven en zonas inundables, costeras, semiáridas, son las que sufren las consecuencias. Pueden ser ancianos por el riesgo de olas de calor o personas pobres, que pueden quedar atrapadas y necesitan que se les ayude a moverse y migrar.

La vulnerabilidad social ante un fenómeno con marcado carácter global dada la magnitud del cambio que puede tener lugar, y los múltiples fenómenos de transformación conllevaran una mayor dificultad para aquellos ciudadanos con menos recursos.

El grado de vulnerabilidad de la población al cambio climático depende directamente de las medidas sociales y políticas, no solo del clima.

La sociedad no solo se enfrenta a los impactos del clima, pues si la reflexión se queda ahí, las soluciones se basan solo en “cambios técnicos y de comportamiento”.

Si se añade la dimensión social y cultural, comenzamos a pensar en cómo organizamos la sociedad, en cómo influye lo que hacemos y cómo respondemos a los riesgos para nuestros derechos ambientales, sociales y humanos.

En definitiva, es un problema racional: cómo nos relacionamos con la naturaleza, con la sociedad, entre nosotros y nuestro futuro.

Adaptar los instrumentos adecuados a las necesidades de la ciudadanía debe ser la principal respuesta para acompasar el proceso sin caer en un conflicto irreversible.

Sin embargo, esos instrumentos no deben focalizarse solo en las necesidades energéticas, sino que deben formar parte de una estrategia general de la competitividad de las empresas, contra la vulnerabilidad social. Es también una estrategia global contra la pobreza y la exclusión social.

La investigación y la innovación en alternativas al consumo de fósiles debe acentuarse. Se espera que el costo de producción de hidrógeno verde in situ (excluidos los costes de transporte y almacenamiento) se reduzca a la mitad para 2030.

El costo es el mayor desafío hoy en día, ya que el hidrógeno verde cuesta entre 2 y 4 veces más que el hidrógeno de combustibles fósiles.

La magnitud de reducción de costos requerirá precios de electricidad renovable por debajo de costes actuales por megavatio-hora, implementaciones de electrolizadores de gran tamaño y horas de alta carga.

Los paneles solares son una herramienta increíblemente importante para generar energía limpia y sostenible., como en algunas partes del mundo con drásticas fluctuaciones en su disponibilidad de luz diurna. Una solución es el panel antisolar.

Los paneles antisolares ofrecen una forma de capturar energía por la noche. Junto con los paneles solares convencionales, los paneles antisolares crean una fuente de energía sostenible que se puede usar todo el día y todo el año.

El diseño de la batería durante mucho tiempo se ha basado, principalmente, en encontrar materiales de energía progresivamente mejores y combinarlos para almacenar más electrones.

Este proceso, llamado nanoestructuración, introduce partículas, tubos, escamas y pilas de materiales a nanoescala como los nuevos componentes de baterías, condensadores y supercondensadores. Su forma y estructura atómica pueden acelerar el flujo de electrones, el latido del corazón de la energía eléctrica.

La efectividad de los nanomateriales, incluso, ha permitido a los científicos repensar el diseño básico de las baterías.

Al respecto, cerca de un 40 por ciento de la población mundial sufre escasez de agua, por lo que se buscan tecnologías que ayuden a extraer el líquido elemento en forma potable de fuentes poco tradicionales.

Existen sistemas que recolectan el agua de la niebla o del rocío y que ya están implementados en algunos desiertos costeros, aunque necesitan mucha humedad. También hay equipos que extraen directamente desde el aire, si bien son muy costosos.

Un nuevo dispositivo desarrollado por científicos del MIT y la Universidad de California en Berkeley podría proporcionar una nueva forma de obtener agua limpia en casi cualquier lugar de la Tierra, extrayendo agua directamente de la humedad del aire, incluso en los lugares más secos. Y de forma bastante asequible: solo con luz solar.

Con la presión de los movimientos radicalizados ambientalistas surge una amenaza, la de desmantelar las centrales nucleares a medio plazo en la Unión Europea.

Una energía, la nuclear, limpia, mucho más barata y que representa casi el 22% de nuestra generación energética.

La pregunta necesaria, ¿es realmente necesario acelerar la transición ecológica a costa de los costes empresariales? Es necesario si es viable y sostenible para los españoles de hoy y los del mañana. La transición energética no va a ser gratuita a las empresas y a los ciudadanos, y tenemos derecho a saber costes.

Este Gobierno actuó con una agilidad pasmosa para inyectar ayudas a los medios de comunicación para que respaldasen la pésima gestión de la pandemia. Ahora toca tomar medidas para amortiguar costes y de apoyo a las empresas y a la sociedad, un ejemplo sería rebajar el 21% de IVA que pagamos por la electricidad.

Un tejido empresarial generador de empleo, con capacidad para modernizarse es un legado mucho más feliz que un agujero fiscal y un sector empresarial dependiente y esclerotizado.

Y en la agricultura, la PAC de la UE, va a cambiar. La agricultura orgánica se debe incrementar en toda la UE, del actual 5%, al 25% para 2030. «De la granja al tenedor» (Farm-to-fork) es el nombre de la futura estrategia europea para una nutrición más sostenible.

Después de que los líderes europeos acordaran en julio del 2019 el nuevo presupuesto comunitario, que incluye los fondos de la Política Agraria Común, se ha abierto un proceso que culminará con la entrada en vigor de la reforma de la PAC en enero de 2023.

El paquete de reformas se compone de un reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC; otro sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agraria; y un tercero sobre la organización común de los productos agrarios.

La Comisión Europea ha presentado sus estrategias sobre biodiversidad y la referida a “De la granja a la mesa”, elemento del Pacto Verde Europeo centrado en la transición hacia una producción más sostenible de alimentos, con medidas como el aumento de la superficie ecológica o la reducción del uso de fitosanitarios y antibióticos.

Esos requisitos ambientales guiarán la aplicación de las nuevas ayudas comunitarias, para lo que cada país de la Unión Europea elaborará un plan estratégico exponiendo cómo se propone orientar la financiación de la política agraria y satisfacer sus necesidades específicas en consonancia con los objetivos generales de la UE.

Es imprescindible que esa nueva política ecologista agraria afiance las rentas y productividad de los pequeños agricultores españoles, para que, entre otra consecuencia, se revierta el indeseable desmantelamiento social en la Andalucía vaciada.