En un extenso comunicado, CSIF explica: “Que los dos grandes sindicatos, UGT y CCOO, están al servicio de los gobernantes de turno sean de izquierdas o de derechas, es algo hoy en día difícilmente discutible, y el Ayuntamiento de Estepona gobernado por el Partido Popular no solo no escapa a tal realidad sino que es ejemplo de dicha connivencia político/sindical”. El sindicato independiente señala: “El Alcalde de Estepona, notario de profesión que aterrizó en política de la mano del PP y que alcanzó el poder tras destaparse el caso Astapa, es conocido además de por haber construido el más largo y efímero tobogán de la historia, por su mano dura con los trabajadores, por sus recortes en materia de personal y por haber sido el promotor del primer Expediente de Regulación de Empleo, ERE, llevado a cabo en un ayuntamiento en España” e informa que en días pasados “El Partido Popular con su Alcalde al frente, acordaba con los sindicatos UGT y CCOO iniciar dos expedientes administrativos de subidas salariales que en algún caso superan los 10,000 euros anuales. Expedientes que carecen a día de hoy de los obligatorios informes jurídicos y económicos y que habrán de ser fiscalizados por el interventor y secretario municipales como garantes de la legalidad, ello antes de someterse a pleno municipal”.
Los beneficiados, según el citado sindicato, son el jefe de la Policía Local, el jefe de Recursos Humanos, el encargado de la defensa jurídica del ERE, el responsable de la sección sindical de UGT y parte del grupo de abogados municipales”.
CSIF como sindicato mayoritario entre el personal funcionario anuncia acciones judiciales contra lo que consideran que no es sino “un mal disimulado premio y pago de servicios y favores cocinado entre bambalinas por CCOO, UGT y el PP”, vulnerándose, en su opinión, la ley y diversas sentencias y pronunciamientos del Consejo Consultivo de Andalucía.
El Ayuntamiento de Estepona es una de las administraciones locales de toda España, con mayor tasa de abuso de temporalidad, situándose en niveles por encima del 90% en el ámbito del personal laboral, algo que han generado durante años tanto PP como PSOE en connivencia con UGT y CCOO.