La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, alerta del perjuicio que supondrá el nuevo convenio colectivo estatal de Seguridad Privada para alrededor de 7.000 vigilantes en la provincia de Málaga, unos 20.000 en Andalucía.

A través de su Área de Seguridad Privada, CSIF Empresa Privada Málaga subraya que el nuevo texto, que rige las condiciones laborales de más de 90.000 profesionales habilitados en activo actualmente a nivel nacional, supone “una nueva ocasión perdida” de plantear mejoras que compensaran y recuperasen las pérdidas socioeconómicas que afronta el colectivo desde los últimos años.

Así, el convenio, firmado recientemente por la totalidad del banco empresarial y por los sindicatos UGT, CCOO y USO, ha estado marcado en su negociación, a juicio de CSIF, por la falta de claridad en las propuestas y la necesidad de un convenio puente, como ya ocurrió en las negociaciones del anterior acuerdo, por parte de todos los actores.

Concretamente, el nuevo acuerdo mantiene el cómputo de jornada anual (1.782 horas), no contempla la inclusión de ningún plus en el salario base, ni aborda la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años a través de la firma de un convenio de tres años. Tampoco se aborda la recuperación de los pluses de Vestuario y Transporte en las pagas extraordinarias, que fueron suprimidos en 2013 de forma temporal, como una medida transitoria que se recuperaría en un convenio posterior.

Por otra parte, CSIF considera insuficiente la subida lineal del 2% en todos los conceptos que introduce, teniendo en cuenta que el IPC subió su tasa interanual en septiembre hasta el 4%. A este respecto, el sindicato denuncia que cada trabajador perderá de media 27 euros mensuales, y sitúa la pérdida de poder adquisitivo acumulada en un 29% en los últimos años.

Colectivo abandonado

CSIF subraya que el nuevo convenio estatal es una muestra más del maltrato laboral que sufre un colectivo abandonado, como se ha evidenciado durante la pandemia. Pese a labor fundamental que han desempeñado desde el inicio de la crisis sanitaria, estos trabajadores han estado altamente expuestos al contagio por la falta de los medios de protección necesarios, así como por su exclusión de los grupos de riesgo por parte de las administraciones.

La negociación de un nuevo convenio suponía una oportunidad única para reponer parte de los derechos arrebatados y para compensar laboralmente a un colectivo castigado. Sin embargo, el texto aprobado es, para CSIF, un nuevo agravio a un sector tradicionalmente olvidado, que además sigue siendo víctima de las agresiones, del intrusismo laboral y del deterioro continuo de las condiciones laborales.

Igualmente, el sindicato recuerda la paralización del reglamento de la Ley de Seguridad, aprobada en 2014 pero que sigue sin una regularización actualizada para ponerla en marcha y dotar de mayor protección a este colectivo.