CSIF Málaga, en un escrito remitido a la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Málaga, ha reclamado que se proceda de manera inmediata a la investigación de un posible caso de acoso laboral en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones, así como del deteriorado ambiente de trabajo en el centro desde hace años. Este sindicato señala que el pasado mes de junio la junta de personal de los servicios periféricos de la Administración autonómica en Málaga ya alertó de la situación que sufren los trabajadores en este centro. Sin embargo, varios meses después, la Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de la que depende, sigue sin activar el protocolo de actuación previsto para este tipo de casos, por lo que CSIF Málaga pide a la Administración celeridad en la resolución de este asunto para evitar que se siga deteriorando el clima laboral y aumentando el malestar entre la plantilla.

En los últimos años, se han sucedido los desplazamientos de personal a otros servicios y las vacantes no se cubren, generando un despoblamiento de la unidad por el rechazo de los funcionarios a trabajar en estas condiciones, entre las que denuncian discriminación, acoso y represalias. De hecho, la plantilla se ha reducido a la mitad, provocando retrasos insostenibles en la resolución de los expedientes que se tramitan y que afectan directamente a la ciudadanía.

Hay solicitudes de pensiones no contributivas paralizadas desde marzo, y retrasos en la tramitación de las ayudas al alquiler asociadas a estas pensiones. Acumulan demoras también los servicios de control anual y traslado, así como las revisiones y reclamaciones; en estos últimos casos de hasta un año.

CSIF Málaga, que subraya la obligación de la Administración de iniciar las actuaciones establecidas en el protocolo de investigación en situaciones de acoso moral en el trabajo de la Junta de Andalucía, denuncia que no se han llevado a cabo actuaciones pese a que se sigue dando el trato de hostigamiento en el servicio, lo que supone un incumplimiento de la normativa de prevención de situaciones de acoso y de prevención de riesgos laborales.

Para CSIF Málaga, la Administración no puede mantener una pasividad o actitud elusiva frente a conductas que pueden calificarse como de acoso laboral, siendo de su responsabilidad los daños y perjuicios que se deriven como consecuencia de la afectación profesional, física, psíquica y moral que sufra el personal de este servicio.

Por todo ello, este sindicato ha exigido a la Administración que proceda de manera inmediata a la investigación de los hechos denunciados por si pudieran constituir falta o delito, así como que se realice una evaluación de los riesgos psicosociales en este servicio. CSIF Málaga ha reclamado también mantener una reunión de forma inmediata con responsables de esta Delegación, así como que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de la plantilla.