Habida cuenta de que la Generalidad de Cataluña no persigue la violencia callejera en proporcionalidad a la gravedad de esta y que incumple sistemáticamente numerosas leyes y desobedece sentencias judiciales, no debería perseguir la desobediencia y el cumplimiento de otras o las mismas normas por parte de españoles de bien opuestos a los golpistas en el territorio, y el Estado debería proteger a estos últimos ciudadanos que o pasan a la ofensiva o terminarán presos, exiliados… Supervivencia política no solo, también personal.