En estos tiempos en que tantos políticos parecen creerse con derecho a decirnos a los ciudadanos cómo y en qué idioma debemos hablar, tal vez no esté de más recordar algunas obviedades.

La primera es que los distintos idiomas de que nos valemos para comunicarnos no han sido diseñados por nadie en particular, sino que son órdenes espontáneos, creaciones colectivas inconscientes. Un idioma es una herramienta de comunicación creada a lo largo de los siglos mediante las interacciones entre innumerables seres humanos deseosos de colaborar unos con otros para mejor conseguir sus fines. Es decir que, tal vez con la excepción del euskera batua, fruto de la ingeniería social del PNV, ningún idioma ha sido jamás diseñado por autoridad política alguna, sino que todos ellos han surgido tan espontáneamente de las interacciones humanas como en su momento surgieron los seres vivos de las interacciones entre ciertas moléculas químicas. No se acaban ahí las similitudes entre organismos y lenguas: al igual que los seres vivos, los idiomas tienen realidad física y evolucionan. Los idiomas tienen una realidad física sutil en forma de redes de conexiones neuronales presentes en los cerebros de sus usuarios; son estructuras cognitivas dinámicas que sufren constantes modificaciones debidas a las nuevas aportaciones de sus hablantes. Unas aportaciones que, a su vez, dependen de las siempre cambiantes circunstancias sociales. Como resultado, a lo largo de los siglos los idiomas se transforman, dando lugar a diferentes lenguas hijas en un lapso de tiempo varios miles de veces menor del que necesitan las especies biológicas para hacer otro tanto.

Los individuos, por su parte, asimilan su primer idioma, su lengua materna, en virtud de la familia en la que nacen. Sin embargo, a lo largo de sus vidas, esos hablantes pueden asimilar posteriormente también otras lenguas que encuentren ventajosas para sus fines personales y, en consecuencia, con el tiempo algunas de ellas ganarán hablantes y otras los perderán. De todo ello surge una dinámica que algunos pretenden interpretar interesadamente como una competición entre los diferentes idiomas, pero que en realidad no es más que el resultado de las libres elecciones personales de los hablantes, es decir, de los individuos. Como todo orden espontáneo, un idioma es una estructura que se crea inconscientemente de abajo arriba en la sociedad, al margen de los caprichos de las élites.

La segunda obviedad que conviene recordar es que solo los seres humanos individuales pueden ser sujetos de derechos y libertades. Los supuestos derechos colectivos, tan ardientemente defendidos por algunos en la actualidad, lo son en realidad solo de las élites que dirijan a esas colectividades, no de todos y cada uno de los individuos que las integren. En caso de que el paciente lector albergue alguna duda al respecto, le sugiero que imagine que forma parte de un grupo que ostenta derechos colectivos y que, por las razones que fuere, pretende tomar una decisión personal en contra de la opinión de los dirigentes; por ejemplo, escoger para la educación de sus hijos la lengua que personalmente prefiere. Como la titularidad de los derechos es colectiva, solo aquellos que se plieguen a la ortodoxia dictada por las élites podrán ejercer sus supuestos derechos. Es decir, que todo supuesto derecho colectivo no es sino una forma tramposa de imponer a todos los ciudadanos los caprichos de las élites, que son las que en virtud de ellos deciden. Mucho menos todavía pueden ser sujetos de derechos unas herramientas de comunicación cambiantes como son los idiomas. Los supuestos derechos de las lenguas, como todos los supuestos derechos colectivos, son estructuras generadas de arriba a abajo que se imponen conscientemente por las élites a toda la sociedad; es decir, son una muestra de despotismo.

Lo anterior nos conduce a la tercera obviedad: en una sociedad democrática, solo los individuos, como únicos sujetos poseedores de derechos y libertades que son, deben poder decidir qué idioma prefieren usar en cada momento y situación y cómo lo utilizarán. Una capacidad de decisión individual que incluye la elección de la lengua en que se educarán los hijos, ya que esa educación se financia con dinero público, y en una sociedad democrática se supone que el dinero extraído coactivamente a los ciudadanos vía impuestos debe utilizarse para dar servicios a todos esos mismos ciudadanos, no para satisfacer las particulares fantasías de los gobernantes. Esas decisiones lingüísticas individuales, naturalmente, se llevan siempre a cabo en un cierto contexto que implica alguna forma de “negociación” más o menos consciente con los diferentes interlocutores: una lengua puede preferirse para unas determinadas actividades y otra diferente para las demás. Pero, en cualquier caso, esas “negociaciones”, para que no estén sujetas a la ley del embudo y no sean en realidad un abuso de poder, han de tener lugar siempre entre ciudadanos del común, no entre los que ostentan el poder político, que no han sido elegidos para que realicen ingeniería social, sino para que gestionen los asuntos públicos de manera ecuánime, lo que implica tener en cuenta las necesidades y preferencias de todos los ciudadanos. Cuando las negociaciones lingüísticas se llevan a cabo entre las élites gobernantes, solo ellas estarán en condiciones de imponer al conjunto de la sociedad la lengua que mejor favorezca sus particulares intereses, prejuicios, manías y caprichos. Una imposición que siempre se presentará disfrazada de alguna forma de derecho colectivo.

Viene todo lo anterior a que, actualmente, en cada vez más comunidades autónomas españolas, los políticos regionales intentan por todos los medios a su alcance dificultar o impedir a los ciudadanos el uso del idioma español, que es la herramienta de comunicación común a todos los ciudadanos españoles. Supuestamente, esas dificultades e impedimentos al idioma español promovidas por ciertos políticos tienen la finalidad de defender y fomentar el uso de las lenguas regionales. Unas lenguas regionales que, con insufrible victimismo, siempre se presentan como amenazadas. Amenazadas únicamente, en realidad, por las libres decisiones de los hablantes, que, en contra de las pretensiones de las élites políticas, pueden considerar el español como más práctico y útil. Pero, como hemos visto, en una sociedad democrática los políticos no tienen derecho a imponernos sus particulares preferencias, sino la obligación de gestionar los asuntos públicos respetando las decisiones lingüísticas individuales. Unas decisiones individuales que suelen tener en cuenta el hecho de que el español, con sus quinientos millones de hablantes, es uno de los idiomas más hablados del mundo, lo que supone unas ventajas añadidas evidentes para sus usuarios a la hora de viajar o de ganarse la vida en cualquier actividad económica. Curiosamente, muchos políticos autonómicos pretenden negar a sus administrados la posibilidad de disfrutar de esas ventajas tan evidentes como gratuitas. A esos políticos, por lo visto, les parece más ventajoso que los ciudadanos se comuniquen y eduquen preferente o exclusivamente en lenguas regionales con escaso número de hablantes y limitadísima proyección internacional. La pregunta evidente es: ¿a quiénes beneficia realmente esa preferencia impuesta desde arriba? ¿Al conjunto de los ciudadanos o a las élites gobernantes? En el próximo artículo intentaré ofrecer una respuesta.