Aunque Deliveroo ha negado que se proponga abandonar España por la entrada en vigor de la llamada ley de los riders, a nadie se le oculta que la nueva regularización restringe la capacidad de competición de las empresas del sector, obligadas ahora a contratar a sus repartidores, que ya no podrán ser autónomos. Además, estas compañías tendrán que compartir sus algoritmos con los sindicatos, lo cual no les parece nada bien, lógicamente. La norma afecta a más de 14.000 repartidores, muchos de los cuales rechazan un vínculo más seguro pero también más rígido, incompatible con el grado de flexibilidad, que es una de las claves de estos empleos.

El nuevo marco regulatorio tiene como base las sentencias con las que los tribunales han estado condenando a las plataformas en los últimos cuatro años. La llamada nueva economía tiene unas reglas a las que ahora se les quiere poner limitaciones y, claro, entonces no funciona. Deliveroo tiene casi 4.000 trabajadores en España entre repartidores y resto de personal. El cese inmediato de la actividad de la empresa solo se explica por una ley diseñada para proteger a los empleados y que, paradójicamente, también destruye los empleos, luego no protege a nadie.