Dado que los idiomas son creaciones colectivas inconscientes, parece conveniente reflexionar sobre el actual interés de las élites políticas por legislar restringiendo las decisiones individuales a ese respecto. ¿Se trata con ello de buscar el beneficio colectivo o el exclusivo de esas élites?

Si un ciudadano común solo domina la lengua regional, su mercado de trabajo queda en principio limitado al territorio de su comunidad autónoma. Una limitación que será tanto más acusada cuanto más exigencia intelectual requiera la profesión de ese ciudadano. Así, un licenciado en derecho que únicamente domine el gallego, pongamos por caso, solo podrá ejercer en Galicia. Pero incluso en Galicia tendría dificultades para desarrollar su carrera profesional, ya que buena parte de las empresas que podrían contratarlo compran o venden en el resto de España, con lo que la necesidad de dominar la lengua común resulta evidente. Y dominar no equivale a chapurrear o escribir con deficiencias de todo tipo, como va siendo cada vez más frecuente. Por tanto, a ese flamante licenciado monolingüe no le quedan muchas más salidas que intentar trabajar para la Administración Autonómica, que es precisamente la que se ha encargado de que solo domine el gallego. ¿Qué ventajas obtiene de ello la clase política autonómica? Por una parte, un funcionariado absolutamente dependiente del poder político y, por ello, sumiso y proclive a la complicidad. Por otra, las élites autonómicas se garantizan así que sus hijos, que sí dominan siempre el español, no encuentren en sus carreras profesionales demasiados competidores con talento procedentes de las clases populares. Es decir, que lo que se presenta desde el poder autonómico como generosa defensa de unas señas de identidad colectiva y de una lengua local en peligro de extinción no es más un intento de ciertas élites políticas y económicas regionales por evitar que la igualdad de oportunidades y la libre competencia pongan en peligro sus ancestrales privilegios de clase. Un intento más de sabotear el ascensor social que suponía un sistema de enseñanza que, hasta su invasión por la demagogia pedagógica que llegó con la LOGSE, sí estaba al servicio de los ciudadanos, dedicado a la transmisión de conocimientos útiles que facilitasen la autonomía personal, y no al adoctrinamiento ideológico-lingüístico de una supuesta identidad colectiva tan opresora como monolítica.

Otra ventaja que la clase política autonómica obtiene a costa de los ciudadanos mediante el fomento victimista de las lenguas regionales y del identitarismo aldeano es la creación de instituciones  innecesarias en las que enchufar correligionarios con cargo al Erario Público. El más reciente y patético ejemplo es la Academia de la Llingua Asturiana, abracadabrante chiringuito ideológico dedicado a santificar un dialecto que hace ya mucho tiempo que casi nadie utiliza. Y si casi nadie habla esa lengua no es porque esté oprimida, sino porque a la gente le resulta poco práctica. Lo que muere no es la lengua, que como una herramienta que es nunca estuvo viva, sino el interés de los seres humanos por usarla para sus necesidades comunicativas. Así que rescatar al bable de la irrelevancia con dinero de los impuestos no es satisfacer ninguna reivindicación popular, sino crear red clientelar a costa de todos para beneficio de las élites políticas.

Por último, con la imposición de arriba abajo de las lenguas minoritarias, las élites fomentan no solo la incomunicación de sus administrados con el resto de los hispanohablantes, sino también unos sentimientos de superioridad entre los hablantes de esa lengua que se presenta como ancestral, como la propia de los “verdaderos” o “auténticos” habitantes de la comunidad autónoma de que se trate, en contraposición a los que hablan la lengua “extraña”, que en realidad es la lengua común. Es decir, se fomenta una sentimentalidad tribal y supremacista a costa de la noción moderna e ilustrada de ciudadanía como comunidad de individuos titulares de derechos y libertades.

Pero lo más alarmante es que esa dañina campaña contra el idioma común de todos los ciudadanos españoles ha trascendido últimamente la política autonómica y ha llegado a tener promotores en el mismísimo gobierno de la nación. Así, el señor Pablo Iglesias, Vicepresidente del Gobierno de España, ha afirmado públicamente que el español es “un idioma impuesto en España”. Pretender que la lengua que durante siglos ha permitido entenderse a todos los españoles es una imposición es un claro intento de fomentar la incomprensión y el rencor injustificado entre los ciudadanos para beneficio de la casta política. Lo que con esa declaración se pretende insinuar es que el idioma español fue impuesto a todos los habitantes de España por la Monarquía Borbónica o por la dictadura del general Franco, lo que es radicalmente falso; el idioma español ha sido la lengua de uso común en España desde tiempos muy anteriores. La única imposición realmente existente hoy día en España es la de las lenguas co-oficiales en ciertas comunidades autónomas. Una imposición que llevan a cabo los políticos regionales contra la voluntad y los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Aunque, por supuesto, disfrazándolo siempre de reivindicación popular. Así, por ejemplo, en Cataluña, durante el intento de golpe de estado de 2017, las llamadas “leyes de desconexión” pusieron de manifiesto que lo que se pretendía imponer bajo el propagandístico nombre de “república” y mediante un supuesto referéndum tan falso como ridículo no era más que un régimen totalitario en el que el ejecutivo disponía de un poder omnímodo, sin control ni contrapeso alguno. Lo que realmente se pretendía era incrementar el poder de las élites y eliminar derechos y libertades de los ciudadanos. No creo que haya razón alguna para pensar que en las otras comunidades autónomas en las que también se dificulta el uso del idioma común los propósitos reales de la clase política sean menos impresentables.

Si el idioma español llegó a ser el de uso mayoritario entre los españoles no fue debido a ninguna política lingüística, sino el resultado de las decisiones individuales de millones de seres humanos a lo largo de los siglos que lo consideraron más útil que otros para ciertas finalidades. Por otra parte, dificultar a los ciudadanos el uso de un idioma que hablan hoy día 500 millones de personas es pegarse un tiro en un pie como nación. Solo un intento de acabar con los derechos y libertades constitucionales puede estar tras ello. La mejor política lingüística es la que no existe; la mejor política lingüística es la que deja en manos de los ciudadanos la decisión de en qué lengua se comunican entre ellos, y adjudica los fondos públicos para la enseñanza en consonancia con esas decisiones.