La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel al vigilante de seguridad que en 2018 manifestó a través de WhatsApp su intención de asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, se le condena a 8 años de privación del derecho a la tenencia de armas.

Los magistrados consideran probado que Murillo, que así se llama el delincuente, expresó a partir de 2018 y, sobre todo, a raíz de conocerse el propósito de exhumar los restos del dictador Francisco Franco, una “fijación inquebrantable” de “acabar con la vida” del presidente del Gobierno, y “cada vez con más ahínco”.

Contrasta esta sentencia con otra de un caso muy distinto. El Juzgado de Menores de La Coruña ha condenado a los dos menores acusados de matar a Samuel Luiz, presuntamente por homofobia, a tres años y medio de internamiento en régimen cerrado, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el pasado 13 de abril. El juzgado les ha impuesto esta medida a ambos, como autores de un delito de asesinato, tras un acuerdo de conformidad al que llegaron las partes antes del juicio. Además, el juez les ha impuesto también una medida de libertad vigilada durante tres años, a cumplir una vez salgan del centro.

El ciudadano puede preguntarse cómo son condenados a menos tiempo de prisión quienes mataron a un hombre que quien solo decía que quería matar a otro, aunque fuese el presidente del Gobierno. Al menos, sorprendente.