Es una evidencia cómo de alterada está la política en España y cómo todo lo contamina sin muchos miramientos. Pero, afortunadamente, la independencia de los jueces -con las excepciones a que haya lugar- representa una garantía frente a los otros poderes públicos. Lo anterior no es óbice para que nos parezcan extrañas algunas decisiones judiciales que, como todo en esta vida, deben someterse también al escrutinio público, aunque con los respetos que merecen. Es el caso, por ejemplo, del envío por la jueza Carmen Rodríguez-Medel del “caso Casado” al Tribunal Supremo, en la creencia de que podrían darse algunos supuestos delitos.

¿Cuáles serían esos delitos de Casado?, no nos referimos a los del funcionario profesor, sino a los del estudiante, hoy presidente del PP. Doce alumnos asistieron a clase y parece que hay cuatro -entre los que se encuentra el joven político de centroderecha- a los que se les eximió de entregar los trabajos del dichoso máster. ¿Y si el profesor consideró que en estos últimos era más conveniente otra prueba de evaluación o ya habían acreditado sus competencias en  conversaciones con el mismo? Porque no se puede decir que más allá de un examen tipo test hay un examen al cien por cien objetivo, y tampoco aquéllos, si bien se mira, porque es imposible que permitan la absoluta y exacta evaluación del alumno. No se trata de caer en ninguna suerte de relativismo sino mostrar que en España está reconocida constitucionalmente la libertad de cátedra y es práctica común la discrecionalidad del profesor en todas las universidades españolas. Rasgarse las vestiduras ahora parece interesado.

Este asunto se ha llevado demasiado lejos y podría pensarse, efectivamente, que hay persecución contra el nuevo líder del PP nada más iniciar su andadura, así el efecto benéfico del cambio en la presidencia se disolvería en la opinión pública.

Veremos qué determina el Supremo, aunque podría devolverle la pelota a la ya famosa jueza para que practicara las indagaciones que ella misma sugiere. Porque pudiera ser que todos los enchufados que hay en España -que deben contarse por miles y que es a lo máximo que podrían asimilarse los hechos que comentamos-, podrían ser a partir de ahora delincuentes: pacientes que son beneficiados con una habitación individual en la sanidad pública, licencias de obras que se adelantan a otras en la mesa del funcionario correspondiente, etc. Solo añadir a este respecto que resulta cuanto menos chocante que Casado se convierta en “cooperador necesario” porque se matriculó en el máster, pagó las tasas preceptivas, pidió convalidar créditos y aceptó el título y no lo tiró a la basura o lo estampó en la cara del profesor, como parece, según algunos, que debería haber hecho.

Como colofón, hay que poner este caso en relación a otro, el de la esposa, Begoña Gómez, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que éste no ha evitado que se contrate a su esposa para una actividad académica que podría vincularse con su actividad presidencial. El fichaje de Gómez por el Instituto de Empresa podría entenderse, puestos a pensar mal, lo que no hacemos, que se realiza para obtener alguna clase de trato de favor de quien es su marido, aunque no sea así. Ella, se dice, que es especialista en marketing y captación de fondos para empresas sin ánimo de lucro, de ahí se justificaría que dirija ahora el África Center del IE. Porque no creemos que se trate de favorecer más aún la inmigración ilegal en España procedente del continente africano, no, para eso ya están otras políticas. Pero, claro, ¿conocen ustedes alguna investigación judicial en marcha por esta posible colusión de intereses privados y públicos? Pues no la esperen. Por eso, también en la opinión publicada hay dos casos y dos raseros para medirlos.