Los derroteros que sigue la política nacional –aunque en otras naciones, como Gran Bretaña, las aguas también están revueltas- no presagian nada bueno. Si el golpe de Estado en Cataluña tuviera enfrente un Gobierno decidido a revertir la situación hacia la normalidad, podríamos albergar fundadas razones para la esperanza, pero no es así: el Gobierno no está frente a la Generalidad, está con la Generalidad, aunque no la complazca en todas sus demandas pero sí en muchas otras, a la vez que trabaja para que recuperen la libertad los presos rebeldes y, llegado el juicio, las condenas sean las mínimas, sino se produce la absolución de todos ellos. La situación sería cómica si no fuera trágica. Un Gobierno que no hace frente a quienes se han saltado a la torera la Constitución y que se entretiene con artificios de diálogo y otras complacencias no merece más que el repudio del pueblo.

Pero el conflicto catalán arroja muchas más paradojas desconcertantes. ¿Cómo puede ser que conserven el mando de la Generalidad los que no están presos y son compañeros de partidos independentistas confesos y que hacen pública ostentación de sus intenciones de separarse de España al margen de cualquier ley? Un etarra no estaría en libertad si se sabe dónde está. ¿Y por qué Torra y sus secuaces sí? El etarra sería acusado de terrorismo y de otros delitos conexos, como el de asociación ilícita, y estos independentistas pues de sedición, rebelión… de los delitos de los que están acusados sus compañeros Junqueras, Forn y otros. A cada uno lo suyo. Pues no. Los que han dicho por activa y por pasiva que quieren la independencia de España al margen de la ley, siguen ocupados en sus preparativos del definitivo golpe sin que el Estado les moleste. Esto no puede explicárselo un español de a pie salvo que piense que, efectivamente, el Gobierno deja hacer, como el anterior, pero éste llega más lejos todavía.

Solo Ciudadanos y Vox, y en alguna medida el PP, piden la restauración de la legalidad en Cataluña, que precisa, probablemente, no ya de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española sino del estado de excepción; por menos se aplicó el estado de alarma, también previsto en la Carta Magna.

Que nadie crea que el problema catalán se va a resolver solo, ni con operaciones diálogo y dinero público para que se lo embolsen para sus siniestros propósitos los secesionistas. El golpe de Estado que ha tenido lugar en Cataluña solo se resolverá con decisiones firmes, dentro de la legalidad y proporcionales a la amenaza recibida, y ésta ha sido extrema. Más allá de las actuaciones judiciales, el Gobierno también debería dar señales de vida y obrar en consecuencia a una rebelión anunciada. De momento, TV3 y los Mossos deben ser intervenidos, no se explica que los rebeldes cuenten con una radio y televisión públicas en sus manos y 17.000 efectivos armados. No se explica salvo, claro, que también se quiera la ruptura de España como los independentistas, por su parte, gritan a los cuatro vientos.