El presidente del Gobierno ya ha dado sobradas muestras de lo que es capaz, desde declarar “materia clasificada” el coste de su viaje al Festival Internacional de Benicasim  a intentar dejar desprotegido al juez Llarena, que lleva el caso Puigdemont. Pero todo tiene un límite y violentar con trucos el sistema -lo que creíamos que solo los antisistema practicaban- es una línea roja que los ciudadanos y los medios, en defensa de la democracia, no debemos permitir.

Resulta que obseso con alcanzar una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y salvar los Presupuestos con más gastos para sus políticas y para quienes le auparon a la presidencia, comunistas y separatistas, principalmente, quiere contentar a Podemos para que le dé su visto bueno escondiéndose en una proposición de ley sobre formación de jueces contra la violencia de género -lo que ya tiene bemoles, adoctrinar a los jueces-. Así, utiliza este canal abierto en el Registro del Congreso y cuela una enmienda para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su apartado 15.6, que se refiere a la capacidad de veto del Senado a la hora de aprobar la senda de déficit y favorecer que la última decisión la tenga el Congreso en el caso, más que probable, que el Senado votase en contra dada la mayoría en la Cámara Alta del PP.

Parece como si todo valiera para alcanzar un fin. Y en democracia esto no es así. El Senado tiene un papel constitucional que hay que respetar, aunque al presidente le incomode, y no pueda lograr su deseado acuerdo con los corresponsales de Venezuela en España. Si usted no tiene mayoría para gobernar, presidente, convoque elecciones, que es lo que dijo que haría, y pídale al pueblo que dé su opinión. Este proceder es democrático, el uso de trampas no.