Más allá de toda clase de demagogias  -a derecha, pero principalmente a la izquierda- España debe dotarse de una política de inmigración que se cumpla, habida cuenta de que la UE improvisa ante cada situación que se le presenta, como ha sucedido en el caso del Open Arms.

Parece razonable, y es evidente, que un país no puede acoger a todo aquel que llega a sus fronteras. Un país democrático se caracteriza, entre otros muchos valores, porque hace cumplir sus leyes, y nosotros no estamos cumpliendo las nuestras ante las avalanchas demasiadas veces violentas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla, como acaba de suceder con guardias civiles heridos, o los desembarcos ilegales de pateras en nuestras costas, por no hablar del caso de estas organizaciones neogubernamentales que recogen en alta mar inmigrantes, tomando el relevo de las mafias del tráfico de personas, para conducir a puerto a quienes se atreven a dejar atrás sus países.

No es en el momento en el que se plantea un problema cuando hay que ponerse a pensar qué hacer con un nuevo contingente de inmigrantes, es antes de que surja la ocasión cuando el Estado debe tener decididas las políticas a seguir. Sin duda, lo que debemos hacer ha de ser fruto del debate parlamentario y del juego de las mayorías en las cámaras. Así se evitará también que sea la preocupación mediática la única que mueva al Gobierno de turno.