Un estudio de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) elaborado mediante una encuesta a 926 profesionales (hombres y mujeres) ofrece resultados escalofriantes que no figuran en los titulares de los periódicos y que la Administración autonómica calla. El 84 por ciento de las profesoras ha experimentado algún tipo de agresión en las aulas, de éstas un 19 por ciento ha llegado a sufrir simultáneamente agresiones físicas y verbales; y entre las profesoras encuestadas el 76 por ciento tienen constancia de que alguna compañera ha sufrido estos ataques tanto por parte de padres como de los propios alumnos y alumnas.

Ante esta situación de continuadas agresiones a docentes, la asociación critica que la Consejería de Educación “se guarda mucho de publicar los datos que obran en su poder, por lo que se dificulta el acceso a registros oficiales”.

El anteproyecto de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado ya está sobre la mesa del consejero de Educación y bueno sería que tuviera un amplio consenso de todas las fuerzas políticas para dotarlo así de ese gran respaldo que necesitan las actuaciones contra las conductas indeseables de algunos padres y alumnos. El “buen rollito” con los violentos no lleva más que a envalentonar a otros y dotar de impunidad conductas que, más tarde, serán más graves. La violencia en las aulas es una realidad y hay que combatirla con pedagogía y con severas sanciones, mirar para otra parte es consentir.