El anteproyecto de ley trans del Gobierno -con una profunda división de su feminismo clásico frente al extremista de la podemia- que iniciará en breve su tramitación parlamentaria supondrá, de salir adelante, un ataque de gravedad extraordinaria a los menores y las mujeres españolas, sin que los hombres, tradicionales víctimas de las leyes de género, salgan indemnes.

Lo más sobresaliente de la norma es la autodeterminación de género que, como ha dicho la ministra Montero, significa “un paso de gigante”, aunque no aclaró, bien es cierto que se sobreentiende, si al abismo. Se hace tabla rasa de la biología de las personas y se apuesta por el género que a uno le apetezca. El Gobierno, siempre oscurantista para no entorpecer sus manejos por debajo de la mesa, no ha divulgado el anteproyecto, así que no se conocen los términos exactos de qué llegará al Congreso de los Diputados.

Hay que tener en cuenta que en la Cámara Baja no hay una mayoría de diputados que respalden la autodeterminación de género, porque el sector mayoritario del PSOE no acepta esta autodeterminación por la que el género se elige solo por la propia voluntad. Pero dada la sumisión y el grado de servilismo de los dirigentes socialistas y de las bases a las políticas de Sánchez -sean las negociaciones con los filoterroristas de Bildu o los indultos a los delincuentes catalanes- puede pronosticarse que el presidente alcanzará sus propósitos apoyado por minorías extremistas a las que la futura ley les supondrá un balón de oxígeno político, en el caso de Podemos obvio tras la espantada del macho alfa de la Vicepresidencia segunda del Gobierno. Por su parte, el nominal primer partido de la oposición, no descarta recurrir la ley al Tribunal Constitucional si el texto definitivo no elimina la autodeterminación de género.

Una de las consecuencias de la ley será la sustitución de los términos padre y madre de artículos importantes del Código Civil, ahora leeremos progenitores, y si la referencia es individual madre o progenitor gestante y padre o progenitor no gestante. Una lista de disposiciones finales retoca artículos de otras leyes, como si fueran demandas urgentes de la sociedad española, que lucha por sacar cabeza del tsunami de la pandemia.

En referencia al matrimonio, en el Código Civil hasta ahora se disponía que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este código”, de hecho, la legalización del matrimonio homosexual no exigía literalmente que el matrimonio fuera entre hombre y mujer, pero la ley trans sí cambia el texto y ahora el hombre y la mujer pasan a ser “personas”. Como si antes no lo fueran, sobresaliente hallazgo de los autores de la ley, todavía por alfabetizar un poquito más.

El Ministerio de Irene Montero, responsable última del engendro legislativo, ha explicado que ante las denuncias de discriminación habrá una inversión de la carga de la prueba -otro bocado al Estado de derecho-: el denunciado deberá probar que no ha discriminado, ahora bien al denunciante se le exige que “aporte indicios fundados” de la discriminación que alega, y entonces sí “corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.

A este respecto, el Tribunal Constitucional ya advirtió que “en la aportación de una prueba verosímil o principio de prueba de la vulneración denunciada resultará insuficiente la simple afirmación de la discriminación”.

Pero el anteproyecto da más de sí. Hay un artículo que establece la prohibición de terapias de conversión que pretendan cambiar una orientación sexual, incluso si cuentan con el consentimiento de las personas interesadas o de sus representantes legales. Sin embargo, la pretensión de la ley es llegar a las aulas, lo que puede implicar otras clases de terapias de conversión, aunque en sentido distinto. Es decir, se le niega al individuo ayuda para volver atrás en sus decisiones, pero se le estimula a que las tome si es heterosexual, enemigo imaginario a batir. El anteproyecto indica que el gobierno “incluirá entre los aspectos básicos de currículum de las distintas etapas educativas la diversidad sexo afectiva y familiar de las personas LGTBI, y en los temarios de las pruebas de acceso al profesorado.

También hay advertencias que traerán cola. El propietario de una vivienda que rechace alquilarla a una pareja gay o que no renueve el contrato de arrendamiento a otra porque son lesbianas se enfrentará a una multa de hasta 150.000 euros. Una falta catalogada como muy grave, también las hay graves y leves. Eso sí, en el último Día del Orgullo LGTBI en Madrid, se vieron pancartas con el texto “si no hay ley trans habrá #furia trans”, clara amenaza violenta que los organizadores deberían explicar.

Si el Congreso y la opinión pública en medios de comunicación y en la calle no lo remedian, la ley trans provocará cambios para el uso de los baños públicos o los vestuarios, en el deporte y las cárceles. Las personas que formalicen su cambio de género utilizarán los baños y vestuarios acordes a su cambio. El proceso para el cambio de sexo en menores de edad, que siempre será sin informes médicos ni necesidad de hormonación, a partir de los 16 años bastará con la declaración de la persona en el Registro Civil, para modificar oficialmente su sexo en una doble comparecencia y en un proceso que dura cuatro meses. Los menores de 14 a 16 años pueden hacer lo mismo pero necesitan tener el permiso de los padres – si no hay acuerdo se puede solicitar un arbitraje judicial-. Mientras que los menores de 12 a 14 años deben de acudir al juzgado para oficializarlo. Los menores de 12 años no pueden solicitar el cambio de sexo, pero sí el de nombre – sin prueba testifical ni documental-, con eso conseguirán activar una serie de derechos, como ser tratados acorde a su nombre en el colegio, y eso implicará baños y vestuarios.

¿Puede un maltratador o un asesino machista cambiar de sexo para eludir la violencia de género? No, el cambio de la mención del sexo no eximirá de responsabilidades judiciales anteriores, tanto para esta ley como para todas las demás leyes, será juzgado como hombre, evitándose que haya fraude de ley.

Estas son solo unas breves pinceladas del cuadro que se dibuja en el horizonte. Cambiar la sociedad española, haciendo ingeniería social y alterando la biología humana, siempre han sido aspiraciones de los aprendices de brujo, y a esta cita con su verdadera naturaleza no podían faltar socialistas y comunistas, ahora reunidos aunque divididos. Al PP, que nunca ha comparecido en la lucha por las ideas, dejándole al PSOE desde asuntos como la educación a legislar sobre la violencia de género o la memoria histórica, se le escuchará poco.