El Ayuntamiento de Málaga quiere evitar la presencia de vehículos de transporte con conductor (VTC) estacionados en los alrededores del aeropuerto, la estación de ferrocarril o cualquier punto de gran demanda para así evitar la libre competencia con los taxistas. El Área de Movilidad -la concejala es Elvira Maeso- elabora un mapa con las zonas de mayor afluencia de público en la ciudad en la que se prohibirá que vehículos de plataformas como Uber y Cabify permanezcan aparcados con la aplicación activada en un radio de cien metros.

La normativa estatal admite distintas interpretaciones del concepto de captación, pero el Ayuntamiento de la capital elige la más restrictiva para la competencia de los taxistas. La concejala, con mucho desparpajo, eso sí, sostiene que se trata de “garantizar la convivencia entre los taxis y las VTC”, favoreciendo a los taxis, por supuesto, con independencia de quienes prestan un mejor servicio al ciudadano y hurtándole a éstos la libre elección. Esta política en un partido de centroderecha, como el PP, es un contrasentido ideológico, pero eso poco importa al Ayuntamiento. El consistorio ya tiene experiencia en obstaculizar lo que debería ser el libre mercado del transporte de pasajeros, incrementando la presencia policial en los accesos al aeropuerto para vigilar la actividad de los VTC. Además, también ha flexibilizado el régimen de descansos obligatorios del taxi para que las 1.432 licencias tengan libertad plena para trabajar las noches de sábados y domingo.

Los medios de presión del sector del taxi, de todos conocidos, asustan a este Ayuntamiento y se pliega a sus demandas de restricción del mercado, aunque sean los ciudadanos, tanto malagueños como de fuera, los perjudicados. Los taxistas votan, pero el resto de los ciudadanos también, y somos más.