La desprotección que sufre en España el ciudadano al que le han robado su casa, okupada, como se escribe ahora, es uno de los mayores atentados a los derechos humanos y a la Constitución, que consagra el derecho de propiedad en el artículo 33. Pero siendo gravísimo que unos delincuentes entren en su casa y tomen posesión de ella, más grave es que nuestro sistema jurídico y los jueces inicien un largo proceso para devolverle su propiedad y no sea inmediato el lanzamiento del okupante. Es decir, el ciudadano queda indefenso por culpa del ordenamiento legal. Por supuesto, los partidos políticos se cruzan de brazos, pero son ellos los que han legislado de tal forma que no encuentra solución inmediata este problema que afecta a miles de familias españolas. Además, se da alas a estos delincuentes que, sabedores de su impunidad, cometerán nuevos atropellos. Por si fuera poco, que no se le ocurra al propietario de la vivienda cortarle la luz, el agua o desalojarlo a la fuerza… porque le detendrán a él. ¿Para llegar a esta situación pagamos impuestos?

El ciudadano, ya que el Estado no vela por su seguridad, se ve de todo punto desasistido y se le pone en el brete de incumplir él la ley -que no le protege- o aguantarse ante este hecho criminal sobrevenido.

Ha calado tanto en el buenismo de los partidos políticos la impostura, que no se movilizan para cambiar las cosas, se las acepta con mansa resignación e, incluso, espera que se les vote en cuanto haya oportunidad. Pues ya saben quiénes son los cómplices de facto de los okupas. ¿Y qué puedo hacer? Buen abogado, dinero, paciencia y dirigir mejor el sentido de su voto, otras opciones sopéselas bien.