Que este Gobierno está del lado de los peores elementos de la sociedad española es un hecho que cada día que pasa se muestra más evidente para un número más elevado de españoles. No solo llega a acuerdos con los herederos políticos de ETA, Bildu, y acerca a los asesinos de la banda condenados a las prisiones del País Vasco y Navarra -con grave daño a la memoria de las víctimas y sus familiares- sino que también indulta a los protagonistas de un golpe de Estado en Cataluña -también juzgados y condenados-, y -por no hacer kilométrica la relación- indulta -como antes hizo con la delincuente Juana Rivas- a María Sevilla, por sustracción de menores.

Efectivamente, el Gobierno ha concedido el indulto a la expresidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla Sánchez, condenada en 2020 a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de sustracción de menores, en concreto de su hijo. Según el real decreto que publicó el pasado miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), la decisión se acordó en el Consejo de Ministros del día anterior, a propuesta de la titular de Justicia, Pilar Llop. La decisión se adoptó «atendiendo a las circunstancias de la condenada” » y de acuerdo con la información que obra en el expediente de indulto, circunstancias que han llevado a determinar que «concurren razones de justicia y equidad» para su liberación, lo cual es absolutamente falso y se contrapone con la sentencia judicial correspondiente. Igualmente, el Ejecutivo decidió conmutar la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de su hijo por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, con la condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años.

Recordemos que esta otra delincuente, María Sevilla, fue detenida el 30 de marzo de 2019 en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) por la Policía Nacional por un presunto (entonces) delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado y sin escolarizar durante un año y presentar numerosas denuncias falsas sobre su ex marido.

Con este nuevo gesto político, el Gobierno pretende atraerse el voto feminista, separándose del sentir mayoritario de los españoles de que estas conductas sean penadas. Pero se trata de un hecho más que termina de caracterizar la naturaleza política de un Gobierno de extrema izquierda que ya hace tiempo traspasó todas las líneas rojas permisibles en un Estado de Derecho, aunque volverá a sorprendernos con nuevos ataques a las libertades y derechos de los españoles. El 19 de junio, en las elecciones autonómicas andaluzas, tenemos la oportunidad de negarle nuestro voto y castigar sus prácticas políticas más lesivas para todos.