Los golpes de timón del Consejo de Ministros se suceden sin pausa. Al fiasco del material comprado en China, le sigue la paralización de todas las actividades no esenciales del país -sin que se especifique si incluye al propio Gobierno-, y recibe el apoyo, no se lo pierdan, de Podemos, los golpistas catalanes y los sindicatos… lo más preclaro de la sociedad española, vamos. Pero siguen las rectificaciones, y también contamos con una moratoria in extremis de un día al cierre inmediato de todas esas empresas no esenciales.
Pero si el COVID-19 no era suficiente riesgo, tenemos otro. En una orden ministerial publicada este pasado sábado en el BOE, se señala que se “cruzarán datos de los operadores móviles de manera agregada y anonimizada (datos en lotes en los que no se identifica a personas concretas) y de forma parecida al estudio de movilidad que inició hace unos meses el Instituto Nacional de Estadística». Pues bien, habida cuenta de los antecedentes de este Gobierno y de sus pulsiones, habrá que vigilar muy de cerca que este rastreo de móviles se realiza con escrupuloso respeto a la protección de datos de las personas para así evitarnos un 1984 en 2020.
Pero por poco que nos gusten Ukullu y Feijóo, éstos tienen razón al reprochar al Gobierno no haber consensuado las últimas restricciones a la movilidad de los españoles, ni en el Congreso dio cuenta el presidente de esta medida, ni tampoco la consultó con los empresarios. Pedro Sánchez y su Gobierno son así, y como cuentan con poderes excepcionales por el estado de alarma, pues deciden a su antojo sin consensuar con las fuerzas parlamentarias el destino de la nación, por lo que la responsabilidad de lo que suceda será, exclusivamente, suya.
Quizá lo más importante, hasta ahora, sea el anuncio por el Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, de que se prohíben los despidos relacionados con el coronavirus, sí, han entendido bien. Sin embargo, tras la publicación del Real Decreto-ley 9/2020 los abogados laboralistas entienden que esta medida no impide los despidos, sino que los encarece, otra ayudita del Gobierno a los empresarios. Lo que habría hecho el Ministerio de Trabajo es anular como causa objetiva de despido las de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero no determinar como nulas estas causas, ni modificar los despidos improcedentes. Esto significa que sigue abierta la vía del despido improcedente que, a partir de ahora, será más caro para el empresario.
Por supuesto, el vicepresidente Iglesias no podía dejar de meter la cuchara en el plato nacional y declara que toda la riqueza nacional se supedita a lo público. Este individuo desconoce que aún en estado de alarma en España la propiedad privada está protegida por la Constitución, pese a las querencias venezolanas del líder podemita, que si por él fuera nacionalizaba la economía de un plumazo y nos hacía desfilar al paso de la oca.
Pero volvamos. Por mucho que se prohíban otros despidos distintos de los temporales de nada va a servir, sino todo lo contrario, si éstos llevan a la quiebra a las empresas afectadas. Este es el precipicio al que nos aboca el Gobierno, que no se entera de que ningún empresario despide trabajadores por gusto, sino porque no puede pagarles, ¿o les va a pagar el Gobierno? Por cierto, ¿para cuándo una rebaja sustancial de los ingresos de los ministros y de todos los altos cargos públicos?, ¿el sacrificio nacional no va con ellos?
Mientras tanto, el Ejecutivo se niega a atender la demanda de una moratoria fiscal que es vital para autónomos y pymes, como le reclaman desde las organizaciones empresariales. Sánchez y sus ministros solo se ponen del lado de los sindicatos, como si fueran éstos los que crean puestos de trabajo y mañana fueran a levantar la economía nacional.
La cosa no queda aquí, el Ministerio de Trabajo se propone no solo fijar un límite universal a las prestaciones por desempleo de 1.098 euros, sino también revisar todos los ERTEs presentados hasta ahora para valorar si estaban realmente justificados e imponer sanciones si entiende que no lo estaban, ignorando que no tiene capacidad burocrática para tal empeño.
Así las cosas, y desde otro ángulo, el Gobierno sigue sin reconocer que las manifestantes del 8-M se contagiaron del coronavirus y han contagiado después a miles de personas más. Eso no, nunca, este feminismo extremista es su niña mimada y un granero de votos que hay que cuidar.
Y todo este embrollo nacional se produce a la vez de una clamorosa falta de liderazgo de la Comisión Europea, que no se pone de acuerdo en cuanto a una política común de los 27. ¿Cómo no van a surgir movimientos euroescépticos si no ha habido una ocasión en la que la UE haya dado la talla que se espera de un organismo supranacional de su importancia?
En estos tiempos de incertidumbre, sin embargo, hay instituciones que funcionan muy bien y una de las evidencias de la crisis es que necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas. Es bueno que el Gobierno haga uso de los militares en beneficio del conjunto de los ciudadanos, la preparación, profesionalidad y abnegación de estos hombres y mujeres es digno de ejemplo, y mejor nos iría si muchos tuvieran un asomo de los valores de aquéllos. Eso sí, las Fuerzas Armadas necesitan más presupuesto, cumplir con sus misiones en el extranjero y en el territorio nacional cuesta dinero, y la promesa de alcanzar el 2 por ciento el PIB está muy lejos de ser una realidad. Aquí no solo este Gobierno sino también los del PP se han abstenido de dar un paso al frente para sostener la importancia de unas Fuerzas Armadas en una sociedad desarrollada como la nuestra.
Repetimos lo que ya hemos indicado desde estas páginas hace varias semanas. En España necesitamos un gobierno de fuerzas parlamentarias constitucionalistas y romper con Podemos y lo que representa sería el primer paso en la dirección adecuada para salir de la crisis en la que estamos instalados y la que vendrá.