La noticia de que la abadía de Monserrat mantuvo a un monje “depredador sexual” durante treinta años no es una buena noticia ni para la Iglesia que encabeza el contestado papa Francisco ni para el nacionalismo catalán que, entre sus símbolos y apoyos, cuenta con esta abadía de marcado carácter nacionalista.

El monje abusador, Andreu Soler, ya fallecido, fue un depredador sexual y un pederasta según la comisión de investigación, formada con personal de confianza del monasterio. El “hermano” llevó a cabo sus abominables actos gracias a la protección de los responsables de la institución. Otro caso, responde a las siglas V.T.M., al que se apartó del monasterio.

Uno de los aspectos sangrantes de lo ahora conocido es que los hechos fueron denunciados en el año 2000, pero no se hizo caso entonces, como ha sido la constante en la Iglesia en cuanto a estas agresiones sexuales. Para más inri, no resulta creíble que las víctimas solo fueran 14 menores, y no los internos, muchos más, por lo que puede tratarse solo de la punta del iceberg. Como una víctima ha reconocido, “lo que rompe el silencio de la Iglesia es levantar la voz y denunciar todo lo ocurrido”, constatación que se opone al miedo al “escándalo” que padecen los responsables eclesiásticos. Al final, el escándalo es mayor cuando se conocen estas vergonzosas complicidades.

Ahora, el portavoz del monasterio pide perdón “por los errores que se hayan podido cometer”, expresión que intenta aliviar la gravedad de los actos criminales cometidos, en vez de cargar con fuerza -acorde a esa gravedad- contra los delincuentes amparados por los hábitos.

O la Iglesia se convence de una vez por todas de que es ella misma la que debe empezar a sacar del anonimato a tanto delincuente escondido en sus parroquias y claustros o el daño, como se viene viendo, será, es ya, mucho mayor y de muy larga reparación. Entregar a la Justicia a esos desalmados es una exigencia legal y de conciencia de todos los hombres y mujeres de bien.