La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) informó el pasado 7 de abril que cada punto adicional de inflación supone algo más de 2.000 millones de euros en la recaudación del Estado, sobre todo por la vía del IVA. Dicho de otro modo, mientras los españoles disminuyen su capacidad adquisitiva, Hacienda ingresa más. El Estado más rico, los españoles más pobres. Pero esto no es todo.

Si es cierto que el alza de precios tiene mucho que ver con la reducción del desfase presupuestario en los últimos meses, también es verdad que hay un después. En la AIReF sitúan ya la inflación en el 6,2 por ciento para este año. La espiral alcista de precios además de beneficiar la recaudación ayuda también, a la par, a mejorar la previsión de déficit, del 4,8% al 4,2%, y por eso confía el Gobierno en que los ingresos compensen la desaceleración en el ritmo de crecimiento y el mayor gasto por medidas como el plan de respuestas a la guerra, cuyo impacto se calcula en unos 4.200 millones de euros.

Pero los expertos, y este es el después, advierten que ese efecto positivo de la inflación sobre las cuentas públicas será solo a corto plazo, porque a la larga derivará en un mayor gasto público. El gran reto llegará desde 2023 cuando se actualicen las pensiones con el I.P.C. medio, la AIReF estima que cada punto extra de inflación deriva en un gasto de 1.500 millones de euros más. Así, la financiación de las pensiones será cada vez más difícil. ¿Hasta cuándo? Sánchez le echará la culpa a Putin pero la inflación ya era alta antes del 24 de marzo en que se inició la invasión de Ucrania. Conviene retener la fecha.