La reciente crisis política, que no humanitaria como les gusta decir a los que anteponen sus intereses subvencionados a las leyes de inmigración, que se ha vivido en Ceuta y que hasta ha provocado la presencia del presidente del Gobierno -abucheado por el pueblo ceutí-, y el ministro del Interior -que ya debería haber dimitido por los numerosos escándalos que ha protagonizado- no está ni mucho menos resuelta. Marruecos ha amenazado con seguir en consultas en Rabat con la embajadora en Madrid si Brahim Gali, líder del Polisario, no es puesto a disposición de la Justicia -hay que recordar que también está citado por la Audiencia Nacional por violación de los derechos humanos- la crisis empeorará.

Es consustancial a sus intereses geopolíticos y económicos la pretensión de Marruecos, que defiende el territorio del Sáhara Occidental desde la retirada española en 1975 y la firma de los acuerdos de Madrid con este país y Mauritania ante la irritación de Argelia. Ignorar la política marroquí y minusvalorar lo que está dispuesto a hacer nuestro vecino del sur solo puede traernos desgracias, como así nos lo advirtieron desde el gobierno alauita.

La UE, más allá de las declaraciones grandilocuentes, no ha hecho nada ni se espera que lo haga, solo España puede y debe plantarle cara a esta agresión migratoria, devolviendo a Marruecos a los ilegales que han cruzado la frontera, impermeabilizando ésta y molestando a Marruecos donde le duela, por ejemplo, el Rif. Si a Marruecos le sale gratis violar las fronteras internacionales de España, repetirá e irá a más. Pero somos conscientes de que de este Gobierno no se puede esperar nada bueno, por eso no extraña que no haya hecho nada, ni respuesta diplomática dura ni de otra clase. Son los partidos de la oposición constitucional, PP y Vox, y la propia sociedad civil los que deben presionar fuertemente al Gobierno, en el Congreso y en la calle, para hacerle reaccionar, porque lo propio del Ejecutivo es dejar que los problemas se pudran y otros nuevos acaparen de nuevo la atención de la opinión pública.