Merece toda clase de elogios el Gobierno andaluz y, especialmente, el consejero de Educación, Javier Imbroda, que se han atrevido a facilitar a las familias la elección del colegio, público o privado, de sus hijos. Así, el pasado 17 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó un nuevo decreto de escolarización en el que se amplían las zonas de influencia para garantizar que en todas haya adscrito un colegio concertado, lo que hasta ahora no sucedía, tras 37 años de gobiernos socialistas.

Las familias tendrán la misma puntuación para optar a un concertado que no esté en su zona de influencia, aunque esta posibilidad solo podrá darse en los municipios en el que haya concertados, en el caso de Andalucía en el 82 por ciento de los municipios no los hay -gran desventaja de la privada frente a la pública-, pero en el 18 por ciento del territorio afectado, que son grandes y medianos municipios, vive el 75 por ciento de la población andaluza, de ahí el gran impacto del decreto.

Como era de esperar, el PSOE, los comunistas y los sindicatos se han movilizado frente a lo que consideran un atentado a la enseñanza pública, cuando en realidad lo que quieren es seguir disfrutando de la negación de la libertad a los padres de la libre elección de colegio, privilegiando artificialmente la enseñanza pública. Ahora, será la demanda la que decida qué unidades de la pública o la concertada podrán suprimirse si la población escolar sigue disminuyendo -este año hay 13.000 alumnos menos que el anterior-.

La izquierda siempre ha considerado suya la educación y ha combatido ferozmente para que gobiernos de otro signo político no pudieran hacer reformas en el sector, de su monopolio político de la educación depende el adoctrinamiento y el sesgo político que imprimen a la comunidad educativa, lo que contribuye a su mantenimiento en el poder. Ahora, en Andalucía han empezado a cambiar las cosas.