Que la libertad de expresión está siendo atacada en España viene a ser reconocido por todos los que no se sienten representados por este gobierno de socialistas y comunistas que desde Madrid rige implacable y ciego la crisis pandémica, la económica y la de las libertades. Aquellas palabras del general De Santiago, de la Guardia Civil, siempre pesarán demasiado. Si a esto le sumamos la ya descarada política de los gigantes tecnológicos, claramente posicionados con el Partido Demócrata que ha aupado a Joe Biden -con notables muestras de senilidad- a la Casa Blanca, el panorama es desolador en España, principalmente, aunque también en menor medida en otros países.
Pablo Iglesias, junto a Pedro Sánchez, son los dos grandes enemigos de la libertad de expresión en nuestro país, no se sabe si por este orden, y también le siguen la ministra consorte Irene Montero; Pablo Echenique, portavoz podemita en el Congreso y demás dirigentes del clan. No en vano están detrás de un libelo, “La última hora”, que dirige la amiga de Iglesias, Dina Bouselham.
Para los comunistas, la libertad de prensa tal y como se entiende en Occidente es un instrumento de la burguesía para mantener la explotación del pueblo, lo que ellos quieren es otra cosa, véase Cuba o Venezuela. Los artículos 20 y 24 de la Constitución española les parecen letra muerta, y es que quieren romper con esta ley de leyes y lo que significa, y lo han dicho sin tapujos.
En el último trimestre del pasado año, informes internacionales de Naciones Unidas, la Comisión Europea y Unesco señalaron que en nuestro país existen límites inaceptables a la libertad de expresión.
La reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, que incluye la capacidad del Gobierno de suspender, por criterios de orden público, el acceso a la red o a alguna de sus partes y la regulación mediante real decreto ley sin que se dieran las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que justificarían este tipo de regulación son más que preocupantes, sobre todo sin que exista control judicial. Pero también preocupa el deterioro de la transparencia en España a raíz de la suspensión de los plazos de la Ley de Transparencia, porque el estado de alarma no debería suponer la paralización de la actividad de las administraciones públicas, y menos en funciones esenciales. La transparencia debe ser considerada prioritaria, al menos en cuestiones relacionadas con el coronavirus y no lo es para este Gobierno de extrema izquierda. Y debemos referirnos también a la Orden de 5 de noviembre, también llamada del Ministerio de la Verdad.
Pero más allá de nuestras fronteras, el horizonte también es oscuro. Han tenido que cerrar las cuentas de Donald Trump en los EEUU -y la red social Parler desalojada de los servidores de Amazon– para que viéramos con más nitidez el partidismo de Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y la gran central de compras norteamericana. Claro, que el mercado les va a hacer pagar su sectarismo. De momento, Twitter bajó un 6 por ciento en bolsa al día siguiente de perpetrar su atentado a la libertad de expresión. Ahora, los usuarios de estas plataformas podrían tomar nota de lo sucedido para desengancharse de los monstruos tecnológicos y optar a otras empresas sin filtros en las que poder expresarse libremente con la sola limitación del cumplimiento de las leyes, no que ahora tienen que cumplir reglas que han impuesto los nuevos enemigos de la libertad sin cobertura constitucional alguna, y es que la censura también se privatiza.
Por lo demás, aquí Sánchez con su secretario de Estado de Comunicación, su jefe de gabinete, el general al frente del Departamento de Seguridad Nacional, los medios adictos y otras piezas del establishment, hacen su trabajo. Podemos dormir tranquilos.