Es lícito preguntarse, sin demagogia alguna, si individuos como Bernardo Montoya podrían cometer sus fechorías -en este caso se le achaca la muerte y agresión sexual de la joven Laura Luelmo– si no hubiera pisado de nuevo la calle al habérsele aplicado la prisión permanente revisable, y sin el revisable, como dicen muchos ciudadanos, tras su anterior crimen.

Hay personas que demuestran una y otra vez que no son reinsertables en la sociedad y que a cada oportunidad que se les presenta delinquen gravemente de nuevo. Esta realidad choca con los principios buenistas de una parte de la clase política, que mira para otro lado cuando la vida les demuestra que están equivocados y que causan un gran daño y dolor a la sociedad. Porque los ciudadanos tenemos derecho a que se adopten todas las medidas y de todo orden que sean necesarias para reducir al mínimo las posibilidades de ser agredidos. Y esto no se hace. Y por esta razón, suceden casos que podrían haberse evitado. Hay, naturalmente, otros muchos delitos que no podrán neutralizarse, pero otros muchos sí, y están en la mano de los legisladores que votamos. Por eso, tenemos derecho a exigirles que escuchen al pueblo, no solo en caliente, que también, cuando sucede un macabro asesinato, sino siempre, en el día a día de quienes pagamos impuestos, entre otras cosas, también para esto, para nuestra seguridad. El alejamiento ciudadano de la clase política, que tanto ha cambiado el mapa político español, también tiene mucho que ver con todo esto.