La situación que se vive en las calles de Barcelona y Madrid tras la violencia desatada por grupos de taxistas, resulta absolutamente condenable y debiera ser perseguida por la Policía y el Ministerio Fiscal. Fueron golpeados los automóviles VTC -Uber y Cabify-, agredidos conductores y pasajeros, varios llevados a hospitales, se realizaron pintadas en los vehículos, se rompieron lunas y retrovisores, pincharon ruedas… según denunció UNAUTO, representante del sector de las VTC, y según se ha podido comprobar en las imágenes difundidas por distintos medios. Incluso para la jornada de huelga del viernes pasado, uno de los líderes del sindicato Élite Taxi anunciaba “violencia extrema”, y sigue en libertad. Los daños para el turismo en Barcelona de las imágenes difundidas son gravísimos, los pasajeros de los vehículos golpeados resultaron ser turistas estadounidenses y franceses. En Málaga, la violencia desatada el lunes, con vehículos rociados con ácido o apedreados, se sumaba a la de otros puntos de España.

La protesta del taxi que se ha extendido a Madrid y que en Málaga, como en alguna otra ciudad, supuso también que se desplazaran en la tarde del viernes en caravana y a marcha lenta por la ciudad, o suspendieran el servicio sin previo aviso en Vialia, no ha encontrado prácticamente ninguna respuesta por parte del Gobierno, que parece ausente de la situación que se vive, mientras que los derechos de los ciudadanos son vulnerados y la libertad de empresa violada. Es más, lo que ha hecho el Gobierno es ceder, trasladando competencias a los ayuntamientos para frenar a Uber y Cabify. Vergonzoso.

El origen de estos disturbios está en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de mantener la suspensión cautelar del reglamento metropolitano que limita la expansión de Uber y Cabify. Estas empresas tuvieron que suspender temporalmente su servicio en Barcelona por las agresiones sufridas, ellos y sus clientes, de manos de taxistas.

Tal es la chulería de los violentos que, incluso, se atrevieron a anunciar, en caso de que hubiera algún incidente en las calles, que los responsables no serían ellos, los que lo causan, sino el Ministerio de Fomento.

Si el Gobierno no responde, junto al Ministerio Fiscal, y con contundencia, a estos atentados a la convivencia ciudadana y la libre empresa, desatada contra una decisión judicial por quienes se sitúan así fuera de la ley, estará dejando claro ante la opinión pública que es la violencia la vía para alcanzar las demandas de que se trate, algo inadmisible y que supone, de facto, la ruptura del Estado del Derecho.

Los taxistas que se han tirado al monte -por tanto, no todos los taxistas, porque los hay fieles cumplidores de la ley y honrados ciudadanos- deben responder ante los tribunales por sus ataques a la libertad, acatar las decisiones de los jueces y aceptar, aunque no les parezca bien, la libre competencia en el mercado del transporte de viajeros. Uber y Cabify, estamos con ustedes.