El reciente foro de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga ha puesto de manifiesto las quejas de los empresarios del sector acerca de los bajos niveles de inversión de las Administraciones en obra pública. Los datos no ofrecen dudas, en el primer trimestre del año se contabilizaron 68 millones de euros en obras licitadas por todas las Administraciones -es cierto que casi duplica la cifra del año anterior-. Hay que considerar que en 2006, un año antes de la crisis, se llegó al histórico de 1.500 millones de euros. No se nos oculta que volver a estas cifras no es realista pero elevar el listón de las licitaciones es posible, viable y razonable. El presidente de la Asociación propone una cifra intermedia, entre 400 y 600 millones anuales para la provincia, no las migajas de este primer trimestre que ahora conocemos.

Naturalmente, las obras públicas, como las infraestructuras en general, son necesarias porque son las que permiten el desarrollo económico, la llegada de turistas, el establecimiento de industrias, la rápida puesta a disposición de mercancías y un largo etcétera de beneficios que afectan al conjunto del mundo empresarial y, por extensión, a los ciudadanos, de ahí que elevar estas inversiones sea productivamente útil y socialmente rentable.