El Gobierno no para. Después de intentar controlar a los jueces, ahora le toca a la prensa no sometida. Bueno, también hay otras referencias. Ya lo dijo el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago, premiado poco después con su ascenso a jefe del Estado Mayor de la Benemérita, que ésta trabaja “para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

Ahora, el Gobierno más peligroso para las libertades que ha tenido la democracia, quiere ponerle una mordaza a los medios de comunicación que no siguen sus directrices. A este plan responde la Orden publicada en el BOE del pasado 5 de noviembre para ahormar los contenidos informativos bajo la excusa de la lucha contra la desinformación. Se escuda también en un plan europeo que no está en vigor y que no tiene el mismo propósito que este, un procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, que deja en manos del gobierno la decisión de qué es desinformación, aunque el Ejecutivo lo niegue.

El Gobierno, claro, se vio obligado en la tarde del pasado día 5, ante la lluvia de críticas, a precisas que el plan “tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país”, y que “en ningún caso, vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”. Algo tenía que decir y fue esto.

Pero el gobierno miente, como acostumbra. El procedimiento contempla cuatro niveles y solo en el último se señala “la coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer estado”, mientras que el primer nivel menciona la “monitorización y vigilancia: detección y alerta temprana…”.

El plan europeo citado es el European democracy action, plan que debía entran en vigor en el tercer trimestre del 2020 pero que no lo ha hecho no es comparable. La norma europea es contra el terrorismo y está bloqueada, precisamente, por la oposición del Grupo Socialista. No es casualidad que hace unos días PSOE, Podemos y ERC aprobaran en el Congreso una norma para la vigilancia y eliminación de “discursos de odio en el espacio digital” sin la intervención de un juez. No en vano, tampoco, hace unos meses el CIS preguntó sobre la posibilidad de censurar a los medios, controlando la información para evitar bulos.

Numerosas asociaciones y medios de comunicación se han manifestado contra esta Orden, pero ahí está. El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Juan Caño, por ejemplo, ha dicho que “no es tarea de ningún comité decidir qué es y qué no es información. Esta es una tarea exclusiva de los periodistas y de los medios”.

La Constitución española declara en el artículo 20 los derechos “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión…, “el ejercicio de dichos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”. La Declaración Universal de Derechos Humanos se expresa en parecidos términos. Las ONG europeas coinciden en que la desinformación se combate desde la ley y sin intervención de los poderes políticos, pero esto, aunque venga de ONGs, no le importa al Gobierno que preside Sánchez.

En la Comisión y en el Parlamento Europeo la luz roja se ha vuelto a encender por España. Están analizando la Orden del Gobierno español que, además, se enmarca en la excepcionalidad constitucional que vive el país con un estado de alarma de seis meses, algo inaudito.

Desde la óptica de las instituciones europeas la desinformación solo se relaciona con las actuaciones extranjeras que intentan desestabilizar, como el hackeo, la apropiación de datos y las estrategias oportunistas. Hasta en Naciones Unidas, expresión máxima de la corrección política, hay preocupación por que los gobiernos establezcan leyes que alteren el legítimo derecho al discurso libre.

Moncloa, para no asustar más de lo que ya asusta, dice ahora que su labor no es perseguir fake news sino campañas de desinformación,  y trata de desgubernamentalizar su Orden refiriéndose a la colaboración público-privada, pero sus intenciones están claras. Hay que recordar que en 2018 PSOE, y Podemos arremetían contra la supuesta ley mordaza del PP. Ahora son ellos los que tratan a los medios de comunicación como un perro al que hay que atar. Si lo consiguen, la democracia no estará en peligro, habrá desaparecido. Los medios de comunicación libres son inseparables de la democracia.