Los intentos de limitar la libertad de expresión, adoctrinar desde la escuela y después y hacer de España un cuartel de ideologías extremistas de izquierda, se suceden a cada paso que da este Gobierno. Por solo recordar algunos hitos, la opacidad de la cifra de muertos durante las primeras olas de la pandemia, el control de las preguntas en las ruedas de prensa del presidente, la instauración del llamado Ministerio de la Verdad para controlar a los medios, el empleo de la Guardia Civil en la neutralización de mensajes contrarios, el espectáculo de “dobermanes” podemitas para amedrentar críticos… y, ahora, el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que nos va a señalar qué se puede decir y qué no de la guerra civil y de la posguerra, es decir, de nuestra propia historia.

Los dos ponentes del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática acaban de señalar que el texto vulnera la libertad de expresión, y que mientras que no se humille a las víctimas la apología franquista que puedan ejercitar las fundaciones -en clara referencia a la Fundación Francisco Franco que el Gobierno quiere cargarse- está amparada por la ley. El pasado lunes el texto fue repartido al resto de integrantes del Consejo para que éste ofrezca su criterio sobre la nueva norma antes de que se inicie su tramitación parlamentaria.

Ese espíritu depredador de las libertades mientras se utiliza el espantajo de Vox para desviar la atención pública de quienes son, realmente, los que dan pasos atrás debe preocuparnos a los ciudadanos, y mucho, si no queremos que lentamente, “progresistamente”, dejemos de ser un Estado democrático y de derecho para convertirnos en una república de lo que quede de España con rasgos bolivarianos, tan del gusto de los socios comunistas del Gobierno. Frenar esta ley, que no tiene nada de democrática es, nuevamente, un objetivo de los españoles de bien que quieren lo mejor para su país.