El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el real decreto que permitirá que los ciudadanos que dispongan de planes de pensiones puedan rescatar su dinero tras 10 años a partir de 2025. Hasta ahora había que esperar a la jubilación o que el ahorrador se encontrara en una situación de paro durante más de un año, padecer una enfermedad grave o estar en riesgo de desahucio. Además, quienes cuenten con planes de pensiones también se beneficiarán de las rebajas en las comisiones de gestión de estos productos.

El objetivo confeso del Gobierno no es otro que estimular el ahorro, pero la duda que surge es si esta iniciativa gubernamental tiene que ver con la dificultad futura del Estado para pagar las pensiones públicas, a lo que el Gobierno contesta que el Estado seguirá cumpliendo con sus obligaciones, hasta que deje de cumplirlas, se le podría responder.

Las medidas del Ejecutivo han recibido críticas de los sindicatos -provocará que los españoles cuando tengan una crisis recurran a estos ahorros (UGT) o desnaturaliza el incentivo fiscal (CCOO)-, PSOE -estas medidas persiguen privatizar el sistema- y Gestha -Técnicos del Ministerio de Hacienda-, que explica que la adhesión a este tipo de productos se dispara a partir de 30.000 euros de ingresos y, especialmente, desde el tramo de los 60.000, lo que solo es descriptivo.

Más allá de ese objetivo gubernamental de fomentar el ahorro, muy loable, esta reforma parece necesaria y da más libertad al ciudadano para disponer del fruto de su trabajo. Al fin y al cabo, debemos ser responsables de lo que hacemos con nuestro dinero. Demasiadas limitaciones normativas tenemos como para no celebrar una menos.