La decisión del Gobierno de no modificar el modelo educativo en Cataluña, que de modélico tiene poco, el próximo curso ha disgustado sobremanera a cuantos defienden la escolaridad en castellano, tanto para sus hijos como en general en España. En concreto, la asociación Hablamos Español ha iniciado una campaña de recogida de firmas para promover una ley que garantice la educación en castellano y exige al Gobierno un decreto amparándose en la Ley de Educación para aplicar la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional y así que todos los alumnos puedan estudiar en catalán y castellano, objetivo por lo que se ve titánico para el Gobierno, que ya se ha desentendido del asunto.

Según Hablemos Español, la casilla que el Gobierno ha decidido no incorporar para formalizar la matrícula no era la solución; la legislación y la jurisprudencia obligan a que, o bien se garantiza la total libertad de elección de lengua vehicular o se instaura un sistema de conjunción en el que se estudia en ambas «en la proporción que se determine».

Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno anunció su intención de incorporar una casilla en las matrículas para el curso 2018-2019 en el que los padres seleccionarían, si así lo estimaban, que sus hijos fuesen educados en castellano como lengua vehicular. Pero no, el Gobierno ha incumplido sus propios propósitos una vez más, pese a saber que una de las causas del conflicto que tiene con aquella comunidad autónoma responde a la vulneración del derecho de los niños a estudiar en la lengua oficial de España. Pero no aprende.

Por su parte, Ciudadanos apuesta por un modelo trilingüe, castellano, catalán e inglés. Y Sociedad Civil Catalana explica que «lo importante es que se cumplan las resoluciones judiciales y se garanticen los derechos de los alumnos, cosa que no se ha hecho.

Esta inacción del Gobierno le llevará a perder más votos -en Cataluña le quedan muy pocos- entre todos los que advierten su falta de compromiso con la lengua de todos. Pero lo más importante no es la suerte del PP sino la vulneración de derechos constitucionales de miles de niños en esta parte del territorio nacional.