El pasado 21 de octubre PSOE y PP se pusieron de acuerdo en la renovación de varios órganos constitucionales con los nombramientos de los miembros el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas, burlando así la independencia que se les debe suponer a sus integrantes. Tanto PP como PSOE eligieron a cuatro juristas afines por el turno del Congreso de los Diputados para los próximos, nada menos, nueve años, manteniendo el equilibrio de fuerzas ahora presentes en el Constitucional.

El Defensor del Pueblo será el socialista Ángel Gabilondo, fracasado aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero la diputada popular Teresa Jiménez Becerril será su adjunta, con lo cual el PP se complace un poquito, tampoco en demasía, que el PSOE no lo permitiría.

Por su parte, Podemos asegura que tres de los elegidos por el negociador del Gobierno, Félix Bolaños, son nombres próximos a ellos, así que también queda contento, porque si no…

Queda pendiente, eso sí, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  para el que el PP exige que los jueces elijan entre ellos a los 12 vocales de procedencia judicial tras la pertinente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Miembros del Tribunal Supremo han considerado “una bofetada” la elección de los miembros del Tribunal Constitucional: de cuatro magistrados, ni uno es del Supremo, y se da la circunstancia de que Espejel, Montalbán y Sáez han intentado en los últimos años entrar en el Supremo y el Consejo los ha rechazado a todos y ahora… revisarán las sentencias, precisamente, del Tribunal Supremo.

Este pacto contra la separación de poderes exigible en una democracia para que pueda hablarse de tal lo han perpetrado las dos principales fuerzas políticas del país, con la anuencia de la cuarta (Podemos) y sin contar con la tercera (Vox). Se trata de situar a hombres y mujeres próximos a estos partidos para beneficiarse, precisamente, de esta afinidad, aun con el daño que esto supone para las funciones de control y contrapoderes tan necesarias en una democracia.