Las incertidumbres a las que nos tiene acostumbrados el presidente Sánchez subieron un nivel más la pasada semana con su visita al inhabilitado -aunque él no lo tiene por tal- Torra, como diputado al menos, en la Generalitat de Cataluña. Este es un hecho muy grave, que el propio presidente ignore una decisión primero de la Junta Electoral Central y después del Tribunal Supremo, lo que haría pensar que desde las más altas instancias del Estado no se cumple la ley.

Desde luego, la ley lleva sin cumplirse muchos años en Cataluña, tanto en educación -lo que explica la extensión del odio hacia España en esta región- como en la calle, con disturbios y una brutal violencia contra los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, por poner solo dos ejemplos de los avances por los golpistas catalanes en la concreción secesionista.

Es evidente que el encuentro de Sánchez y Torra tiene lugar por el apoyo brindado por ERC -que a su vez está enfrentada al partido del ex presidente- a la investidura del socialista y, próximamente, eso quiere el jefe del Ejecutivo, a los Presupuestos Generales del Estado.

Estos cambalaches con los que quieren partir España tienen ya un coste inasumible para los españoles, dentro y fuera de nuestras fronteras, pero salen adelante por una oposición en general tibia y por la ayuda de la mayoría de los medios de comunicación, más interesados en las migajas del poder que en dar a conocer la verdad de estos tiempos revueltos.

Paso a paso, Sánchez se adentra, nos adentra, en una selva de peligros para la soberanía nacional española de la que solo asoma una mentira tras otra en su afán por vestir sus propósitos. Se echa en falta una respuesta de la oposición adecuada a estos hechos consumados que solo pueden depararnos las peores noticias.