Con una frecuencia inesperada y luctuosa se pone de manifiesto la necesidad de reajustar la seguridad jurídica de los españoles. En la mayoría de las ocasiones es el hallazgo del cadáver de una joven violada y asesinada, por ejemplo, pero en otras también sale a la luz el caso de alguien que se atreve a romper la cobardía social y se enfrenta al delincuente que hace de las suyas con cualquiera que le sale al paso. Hoy se llama Borja, vive en Fuengirola y acudió en auxilio de una limpiadora del Hotel Las Palmeras, donde se ganaba la vida como limpiadora, atracada por un yonqui con antecedentes, que se dio a la fuga con el bolso que acaba de arrebatarle a quien yacía en el suelo pateada. Claro, cuando alguien es solidario con un semejante se inicia una persecución y después una pelea con un resultado que nadie puede adelantar.

Lo que sucedió es conocido, los dos puñetazos que Borja propinó a Pedro, así se llamaba al agresor, le causaron en la caída la muerte. Después, Borja fue condenado a dos años de prisión y 180.000 euros de indemnización por un delito de homicidio por imprudencia grave. Su coherencia personal le ha llevado a no solicitar el indulto del Gobierno, como le habían aconsejado, pues cree que ha actuado como debía, pero le ha pedido perdón a la familia porque nunca quiso causar el daño que acaeció.

El mensaje social que pueden entender muchos en esta historia es que es mejor no meterse en problemas y que si usted ve que alguien agrede a una persona lo que tiene que hacer es mirar para otra parte. Borja sintió ese impulso solidario que casi todos llevamos dentro, en mayor o menor medida, y acudió a socorrer a quien no conocía y que, además, fue víctima fue porque el delincuente no estaba en prisión, donde tenía que estar, porque no había sido detenido pese a estar en búsqueda y captura. El Estado falló pero, no obstante, condena que usted haga su trabajo, por el que paga impuestos, y le da con el palo por ayudar a quien mañana puede ser cualquiera.

Con la excepción de Vox, que ha recaudado buena parte de la indemnización, los partidos políticos y las asociaciones feministas -la asaltada era una mujer- se han callado para no contrariar al pueblo, que muy mayoritariamente ha comprendido con quien está. Esta actitud de dar la espalda a una realidad también contribuye a la separación de los ciudadanos de la clase política y a la desazón colectiva con nuestro ordenamiento jurídico, que no protege sin ambigüedades al ciudadano, tanto a la víctima como a quien la socorre.