Tras la dura pelea que todos los españoles libramos por nuestra salud y la apocalíptica situación económica en la que ya nos encontramos, la tercera preocupación pertinente es la del estado de nuestras libertades tras proclamarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo.
Ilustra bastante acerca del Gobierno que tenemos el dato de que con el 0,8 por ciento de la población mundial contemos con el 29,8 por ciento de todos los muertos por coronavirus del planeta. Este éxito del Ejecutivo socialcomunista de Sánchez ha sido el frontispicio por el que hemos entrado en este futuro incierto que cada día se hace un poco más presente. El canje de libertades y derechos a cambio de una supuesta seguridad es un viejo truco que han empleado tanto las fuerzas situadas a la derecha extrema como las del polo opuesto, que es el caso. La tentación totalitaria afecta por igual a unos y otros, y en este gobierno, conviene recordarlo, hay comunistas, una de las fuerzas más abyectas de la historia de la Humanidad. Por eso no deben extrañarnos algunas noticias que nos llegan.
Si el estado de alarma está reflejado en la Constitución, algunas de las medidas que se están aplicando son más propias de un estado de excepción, que también está presente en la Carta Magna pero que suena peor en los frágiles tímpanos de quienes han sido educados en el progresismo. Y es que hay estados de alarma y estados de alarma, por ejemplo el de 2010, también decretado por un gobierno socialista, por causa de la huelga encubierta de los controladores aéreos. Entonces no se limitó el artículo 19 de la Constitución española, que es el que recoge la libertad de circulación de las personas. Pero estas restricciones de circulación no están claramente detalladas en la norma que el Gobierno dio a la luz el pasado 14 de marzo. Nos podemos preguntar, ¿me pueden sancionar por ir a comprar el pan a doscientos metros y no a cien?, ¿o por sacar el perro diez minutos en vez de cinco?, o… Por esta razón, muchas sanciones van a ser revocadas por los jueces, porque el Estado de Derecho precisa de regulaciones claras y no de las que se presten a la arbitrariedad, en su caso, de las autoridades.
Pero esto no es más que el telón de fondo, porque ¿se puede internar en un hotel contra su voluntad a los enfermos asintomáticos?, y esto es lo que se está preparando en estos momentos, salvo que los globos sonda que el Gobierno lanza aconsejen la retirada del proyecto.
También debemos considerar la aplicación del móvil en la que se empeña el Gobierno y que ya rige en cinco comunidades y que mucho nos tememos que no sirva solo para proporcionar información sino para saber, de momento, dónde está usted, la famosa geolocalización.
No nos olvidamos tampoco de la guía que ha elaborado la Policía Nacional sobre las fake news, que sirve para cuestionar cualquier información menos la del Gobierno, la suspensión de los reenvíos por WhastsApp en España a más de cinco destinatarios, el intento de no reunir en sesiones de control al Congreso de los Diputados, que el PP ha logrado desbaratar… En fin, estos son los que hablaban de ley mordaza con Rajoy y quieren instalar una jaula de hierro en nuestra geografía nacional para mejor controlarnos y acallar las voces disidentes.
De lo que es capaz Sánchez ya ha dado algunas muestras, por ejemplo, ruedas de prensa sin prensa, solo con su querido secretario de Estado de Comunicación que le filtraba -porque ha tenido que dar marcha atrás- las preguntas de los medios que más le interesaban y que, por supuesto, no admite, respuesta del periodista.
Por si fuera poco, en el interior de la jaula quieren que haya una parte de españoles que cuenten con la llamada ”renta mínima” y que la otra parte trabaje para ellos. Así nos quieren, vigilados y subsidiados. Ah, y los medios afines, bien alimentados, casos de Atresmedia y Telecinco recientemente. Esto no ha hecho más que empezar. Estén atentos.