Los sucesos del pasado miércoles 22 de agosto en la frontera de Ceuta con la violenta irrupción de cien inmigrantes ilegales por la valla fronteriza, hiriendo a guardias civiles con cal viva y utilizando sangre y excrementos, como sucedió también hace unas semanas, cuando lograron entrar 602, son hechos repugnantes que deben recibir la condena de cualquier demócrata español. Exceptuamos, claro,  a aquellos que atacan el sistema democrático y buscan una suerte de utopía abocada a una abominable dictadura, véase Venezuela, por ejemplo.

En democracia no vale todo. La utilización de la violencia criminaliza necesariamente a quien la emplea más allá de los servidores del Estado en el legítimo ejercicio de sus funciones. Ser inmigrante y huir de la miseria de un país no da derecho a dañar al prójimo y saltarse las leyes, en absoluto. El fin no justifica los medios. Nunca. Sin excepciones. Salvo que a continuación reconozcamos que otros se la salten también contra uno, y esto no lo predica nadie. Ni el color de la piel merma los derechos de los subsaharianos ni les concede otros nuevos que no estén  en nuestro ordenamiento constitucional. Nadie es más que nadie en un sistema con salvaguarda de derechos.

La inmigración ilegal es uno de esos asuntos molestos que parece que hay que tratar con corrección política. Y no es así. Hay que tratarlo de acuerdo a la razón y al marco legal que democráticamente nos hemos dado. El buenismo, que es irresponsable, va contra nuestra civilización porque prima las emociones acercándonos a la barbarie, escalón anterior  en el que solo impera la ley del más fuerte.

La inmensa mayoría de los ciudadanos sabe que en cualquier país no puede entrar quien quiera sino quien legalmente pueda. Ni en España ni en Australia, en el otro confín. Y que todo país tiene un límite, espacial, presupuestario y social, de acogimiento de extranjeros es una obviedad. Proceder de otro modo es provocar, ahora sí, el racismo y la xenofobia de una parte de la población, que se creerá asistida de razón ante la ola migratoria. La irresponsabilidad de la demagogia política, de PSOE y la extrema izquierda, les puede resultar muy cara ante su electorado, lo único que entienden, pero también al Estado de derecho, que se resquebraja cuando se salta por encima de él.