Antonio Urdiales, abogado afincado en Torremolinos, encabeza la acusación popular para saber quién autorizó la entrada de Brahim Gali, líder del Frente Polisario con acusaciones de genocidio y terrorismo, en España con documentación falsa. La ex ministra Arancha González Laya declarará como investigada por este caso. El abogado declaró el  pasado 25 de septiembre al diario Sur que “no hay necesidad de colaborar con terroristas” y que “no me ha contratado nadie. Es una iniciativa propia porque en los años setenta colaboré con el Tercio Don Juan de Austria (de La Legión) y Gali ha matado a 281 españoles”, defendiéndose así de quienes han difundido la especie de alguna vinculación con Marruecos o el PP, lo único cierto es que su mujer es de origen marroquí.